València en Comú mantiene firme su compromiso con el cierre de Divalterra y el vaciamiento progresivo de la Diputación
València en Comú demandará el cierre de Divalterra y el vaciamiento progresivo de las competencias de la Diputación de Valencia en favor de la Generalitat en las negociaciones para conformar el nuevo gobierno de la corporación provincial, que en las próximas semanas debe elegir nuevo presidente tras la dimisión del anterior, Jorge Rodríguez, investigado por prevaricación y malversación de caudales públicos en el marco de la Operación Alquería.
València en Comú ya pidió en diciembre de 2016 la liquidación de Divalterra, epicentro del caso Taula, la investigación judicial sobre la gestión del PP en la sociedad en la que hay decenas de imputados. Entonces, Berto Jaramillo, diputado provincial, exigió "responsabilidades" cuando algunas informaciones periodísticas denunciaron varios procedimientos de contratación y pago de dietas con cargo a la empresa.
Ahora, Divalterra –antes Imelsa- también centra las supuestas irregularidades investigadas en la Operación Alqueria. "Defendemos las empresas públicas, pero la dinámica de Divalterra –antes Imelsa- está viciada tras el larguísimo periodo del PP en el gobierno. La sociedad estaba cuestionada antes y sigue cuestionada ahora, pese al cambio de gobierno. Eso no nos lo podemos permitir", asegura Jaramillo.
València en Comú ya exigió en 2016 que la Diputación asumiera directamente la gestión de las brigadas forestales que dependen de Divalterra –con más de 500 trabajadores- y las otras áreas de gestión que encajen con las competencias y obligaciones de la Diputación. Por lo demás, con respeto a los derechos del personal y la protección de sus puestos de trabajo siempre que sea posible, ya apostó entonces por la liquidación de la empresa. En 2018, esa exigencia no ha cambiado.
Vaciamiento de competencias
València en Comú también exigirá un plan para vaciar de competencias las diputaciones en favor de la Generalitat y, cuando sea posible, las mancomunidades y los ayuntamientos. "Las corporaciones provinciales desempeñan un papel importante para los municipios pequeños, pero esas competencias se podrían transferir a los ayuntamientos, las mancomunidades o la administración autonómica", asegura Jaramillo, que también apuesta por reforzar las mancomunidades.
"Creemos que las administraciones de segundo orden como las mancomunidades o las agrupaciones de ayuntamientos que colaboren voluntariamente en muchas o algunas cuestiones serían una herramienta muy eficiente". Para que éstas se desarrollen o consoliden es necesario impulsar cambios legales a nivel estatal, pero, mientras, "la Comunidad Valenciana también debería impulsar cambios legales que impulsen el municipalismo y las mancomunidades y debiliten a las diputaciones".
En opinión del diputado provincial, las diputaciones padecen un "déficit democrático. Su representación no se elige de forma directa por la ciudadanía y no es estrictamente proporcional al número de votos obtenido por los partidos en las elecciones locales. Además, pierden sentido con la consolidación de las comunidades autónomas".
Por eso, València en Comú, a la espera de las necesarias reformas legales que permitan eliminar el ente, pedirá medidas encaminadas a la cesión de competencias a otras instancias más transparentes, eficaces y con mayor legitimidad.
