Xirivella aprueba las ordenanzas fiscales del 2018
El pleno del Ayuntamiento de Xirivella ha aprobado las ordenanzas fiscales del 2018 con el objetivo de equilibrar los presupuestos del año que viene y poder así garantizar todos los servicios municipales.
Las modificaciones en los impuestos y tasas permitirán ingresar 200.000 euros que compensará la bajada de ingresos del Estado y la bajada en la recaudación de las plusvalías como consecuencia de la modificación de la ley.
En este sentido, se incrementa ligeramente la cuota del impuesto de bienes inmuebles (IBI) en un 2% y pasa al 0,67% . Eso se traducirá en una subida de entre 1,15 i 10 euros al año. Los inmuebles con valores catastrales superiores a 200.000 euros no destinados a vivienda pasarán al 0,86.
Además, los coeficientes de situación del impuesto de actividades económicas (IAE) en 0,15 por ciento y se sube un 3% las plusvalías. Paralelamente hay una pequeña subida de 25 céntimos de la tasa mensual por metro cuadrado de los puestos del mercado del jueves (de 2,7 a 2,95 euros).
Por otro lado, se ha aprobado una ampliación del periodo de bonificación del 50 por ciento del impuesto sobre vehículos eléctricos e híbridos, y pasa de uno a tres años.
El Equipo de Gobierno, formado por Compromís, Sí Se Puede i PSPV-PSOE, confía que estas ordenanzas permitirán equilibrar los presupuestos.
Como explica el alcalde Ricard Barberà, «nuestra sociedad no puede funcionar sin impuestos. Se han aumentado de manera progresiva, es decir, quien más tiene, más paga. El incremento para las casas particulares no superará los 4 euros de media. A pesar de este aumento, Xirivella continuará por bajo de la media de la comarca en lo que se refiere a este impuesto. Se trata de una subida responsable y ajustada para garantizar los servicios a la ciudadanía de Xirivella».
Por su parte, el concejal de Hacienda, Rubén Langa, considera que «la política impositiva del Ayuntamiento de Xirivella está de acuerdo con la realidad social de nuestra población. Xirivella es un pueblo de personas trabajadoras y por eso necesitamos tener unos servicios públicos con precios que garanticen el acceso de todo el mundo y que la presión fiscal sea la adecuada a los ingresos de las familias. Los principales incrementos están dirigidos a los que más tienen: empresas que facturan más de un millón de euros e inmuebles con valor catastral de más de 200.000 euros con usos diferentes en la vivienda».
