València insta a la Generalitat a consultar al ayuntamiento antes de sancionar por la quema de la paja del arroz
El Pleno municipal ha aprobado instar a la Conselleria de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural para consultar al organismo municipal Consejo Agrario de València antes de tomar ninguna medida sancionadora relativa a la quema de la paja del arroz. En la moción alternativa presentada por el Gobierno de la Nau se destaca el papel activo de los agricultores y agricultoras en el cumplimiento de las normas y calendarios establecidos por la Conselleria, así como en la investigación de alternativas de uso de los residuos agrícolas.
La alternativa se ha aprobado en el Pleno municipal como consecuencia de la moción presentada por la concejala del Partido Popular Maria Àngels Ramón-Llin, y tanto PP como Ciudadanos se han abstenido en la votación de la alternativa del Gobierno de la Nau. El debate sobre la moción se ha iniciado con la participación de Sergio Navarro de la Asociación Valenciana de Agricultores AVA-ASAJA, que ha criticado las declaraciones que vinculan el aumento de la contaminación con la quema de la paja del arroz.
Por su parte, el concejal de Ciudadanos Santiago Benlliure ha destacado el apoyo de todo el Ayuntamiento a los agricultores y al cultivo del arroz, y ha criticado la falta de comunicación entre Ayuntamiento y Conselleria. La concejala del PP Maria Àngels Ramón-Llin ha reclamado la necesidad de reconocer el trabajo de los agricultores y ha expuesto que "no se puede culpabilizar de la contaminación a los agricultores" que han cumplido con los plazos de la Conselleria.
"Estamos trabajando para mejorar la situación de los cultivos y estamos junto a los agricultores para cualquier incidencia que puedan tener", ha dicho la concejala de Agricultura, Huerta y Pueblos de València, Consol Castillo. En ese sentido, también ha agradecido el comportamiento de los agricultores en el cumplimiento de la normativa autonómica y ha destacado la importancia de buscar alternativas a la quema, como por ejemplo, el compost o los elementos agroconstructivos.
También se ha debatido en el Pleno sobre la Ley de la huerta de Valencia impulsada por las Corts, a raíz de dos mociones presentadas por PP y Ciudadanos que finalmente se han abordado conjuntamente. Previamente al debate ha intervenido José Francisco Sales, en representación de la Asociación Valenciana de Agricultores, quien ha pedido acuerdos y diálogo, y ha exigido que no se trate las 22.000 hectáreas de terreno cultivable "como un jardín".
La concejala del Grupo Municipal Popular, Ma Àngels Ramon-Llin se ha mostrado en desacuerdo con la manera de proteger la huerta de la citada ley, porque "la mejor manera es poner en valor la figura del agricultor". Por eso ha pedido la retirada del proyecto que se está debatiendo en las Corts, puesto que a su parecer sólo aporta "imposiciones y limitaciones". Por parte del Grupo Municipal Ciudadanos, Narciso Estellés se ha referido a la Ley de la Huerta de Valencia como una norma que "no tiene en cuenta al agricultor", mientras que Fernando Giner, por el mismo grupo, ha pedido consenso a la hora de abordar iniciativas en materia agraria.
Desde el gobierno, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Vicent Sarriá, se ha mostrado orgulloso de las aportaciones que ha hecho el Ayuntamiento de Valencia en la elaboración de la ley y, a pesar de reconocer que en el trámite parlamentario se pueda mejorar, ha recordado que es con los actuales gobiernos de la Nau y del Botànic que se está avanzando en la protección de la huerta de Valencia, mientras que los anteriores gobiernos (en referencia a los del Partido Popular) "pegaba bocados a la huerta". Según ha dicho, "esta ley permitirá al Ayuntamiento no tener que ocupar nuevos sectores de huerta para hacer equipamientos". Por su parte, la concejala de Agricultura y Huerta, Consol Castillo, ha emplazado a la oposición a hacer autocrítica porque "algo no se hizo bien" durante los gobiernos del Partido Popular, y ha puesto como ejemplo el caso de la Punta, o el hecho de que no se hubieran tomado medidas para promover el relevo generacional en el campo. La regidora ha apuntado que ahora, además, las políticas llevan acompañadas dotaciones presupuestarias. Estas mociones, finalmente, no se han aprobado, con el voto en contra de los concejales de gobierno, y a favor de los regidores de la oposición.
VENTA AMBULANTE
En el Pleno municipal también se ha hablado sobre protección ciudadana con las dos mociones que ha presentado el concejal del PP Félix Crespo y la concejala de Ciudadanos María Dolores Jiménez, que proponían, entre otras cosas, la creación de una unidad permanente para intervenir en los mercados extraordinarios y controlar la venta ilegal en los entornos comerciales. Unas mociones que se han rechazado por parte del Gobierno de la Nau, ya que como ha explicado la concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, "la venta ilegal es un problema global que no se puede resolver únicamente con la creación de un grupo especial de la Policía Local de València".
"No comparto el modelo que proponen con unidades pequeñas, queremos una Policía con capacidad de hacer frente a cualquier problema", ha dicho Menguzzato. Además, la concejala ha indicado que las críticas del PP y Ciudadanos van destinadas a la reorganización que se realizó recientemente y que es necesario instar al Gobierno central para que la Policía Nacional y la Guardia Civil ayuden a cumplir con la ley al respecto de la venta ilegal. "Las personas no son irregulares, están en una situación irregular de forma administrativa", ha expuesto por su parte la concejala de Cooperación al Desarrollo y Migración, Neus Fábregas, ante el vocabulario empleado por los concejales de la oposición.