Implantar la ciencia abierta necesita un marco normativo común, mayor financiación y un nuevo sistema de evaluación
Hace poco más de veinte años, una reunión en Budapest marcó el inicio de lo que se conoce como ciencia abierta, una forma de investigar que busca hacerla mejor, más colaborativa y transparente. Un estudio, con Aurora González Teruel y Maria Francisca Abad García, investigadoras de la Universitat de València, entre otros, ha analizado los principales factores facilitadores y las barreras percibidas en este momento para implantar la ciencia abierta en España. Entre otros, publicar en abierto favorece la visibilidad de los trabajos académicos, aunque el personal investigador cree que faltan incentivos para publicar más en abierto.
El trabajo, en el que también participa personal investigador de la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de Barcelona y la Universidad de Navarra, se ha publicado en la revista Profesional de la Información. Además, entre el 24 y el 30 de octubre tiene lugar la Semana Internacional del Acceso Abierto.
Aurora González Teruel, profesora e investigadora del Departamento de Historia de la Ciencia y la Documentación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, y primera firmante del artículo, destaca que: “los valores sobre los que se sostiene la ciencia abierta son compartidos por los actores del sistema científico, pero también se ha observado que su plena implementación sólo llegará si se dan tres condiciones”.
Se trata de un marco normativo común y armonizado entre todas las instituciones con competencias en política de investigación; que ese marco se vincule con un sistema de evaluación de la investigación alineado con esos nuevos valores y que de un menor peso a criterios cuantitativos y más a la integridad científica y el impacto social. Y, en tercer lugar, González Teruel propone una suficiente financiación que apoye a este sistema, en términos de incentivos económicos y curriculares, y un aumento de los recursos económicos y humanos para implantar un modelo de evaluación de la investigación que esté en consonancia con los valores de la ciencia abierta, dado que el vigente dista mucho de estarlo”.
Maria Francisca Abad García, catedrática del Departamento de Historia de la Ciencia y la Documentación, por su parte, apunta que, aunque la ciencia abierta está en la agenda política, “aun falta una apuesta firme por ella. Cierto es que se cuenta con políticas e infraestructuras que posibilitan el acceso abierto y está en proceso el dotar a la comunidad investigadora del soporte tecnológico para la compartición de datos, pero el compromiso de las universidades no se traduce en objetivos específicos, en criterios para monitorizarlos o en incentivos para su consecución”.
Además, en este estudio se ha puesto en evidencia que la actitud de los principales actores del sistema, el personal investigador, es propicia, pero que solo podrán adoptarse los valores de la ciencia abierta si hay una voluntad institucional de cambio. “La implementación de la CA requiere incrementar los recursos disponibles, pero también definir con claridad cómo llevarla a cabo. Es de esperar que las directrices europeas y los recientes cambios legislativos acaecidos en nuestro país sean un impulso decisivo”, según Abad García.
Según Alexandre López Borrull, investigador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), “antes las preguntas sobre ciencia abierta comenzaban con un por qué o uno para qué; ahora tienen que ver sobre todo con el cómo”. El trabajo ha recogido las opiniones de diferentes actores del sistema científico en torno a varios pilares de la ciencia abierta.
Organizado a través de entrevistas y encuestas, el estudio ha recogido la visión de personal investigador, agentes evaluadores, editores de revistas, vicerrectores de universidades y personal bibliotecario. Los trabajos de este tipo suelen basarse únicamente en la opinión de los primeros y generalmente sólo a través de encuestas, pero, según Candela Ollé, investigadora de la UOC “un mérito del artículo es que tiene en cuenta la perspectiva de los cinco agentes clave; los va a buscar y después extrae una visión global con cada una de las aportaciones”.
En concreto, y respecto al acceso abierto de las publicaciones y la publicación en repositorios, se reconocen como un factor positivo que puede aumentar su impacto y visibilidad. Sin embargo, se echan de menos políticas institucionales de fomento u obligatoriedad, y se piden incentivos curriculares y económicos que permiten impulsarlas. Un dato esclarecedor del camino por recorrer es que, aunque la Ley de la ciencia de 2011 obliga a compartir en abierto los documentos resultantes de convocatorias financiadas con fondos públicos, sólo un 58 % de las investigaciones los habían aportado dos años después de que la ley entrase en vigor.
Algo parecido sucede en relación con el uso de datos abiertos en investigación. Hay una percepción clara de su beneficio, pero se echan de menos políticas o estrategias globales. Para Ollé, “cada universidad tiene sus propias formas de actuar y existen muchas diferencias entre ellas en cuanto a la estructura y la apuesta”. “Necesitamos reglas del juego compartidas, teniendo en cuenta, además, que el panorama es complejo, sobre todo para los investigadores jóvenes”, afirma. Estos investigadores, que dependen en gran medida de sus publicaciones para continuar la carrera académica, expresan más reticencias a la hora de compartir unos datos que les ha traído mucho trabajo conseguir y que a menudo quieren rentabilizar durante los años siguientes.
