LA UNIÓ de Llauradors denuncia que el Gobierno no regula su compromiso de la doble tarifa eléctrica para regadío

LA UNIÓ de Llauradors ha requerido formalmente al Ministerio de Transición Ecológica para que dé cumplimiento a la Ley de Presupuestos, que disponía la regulación, a más tardar el 30 de junio, del contrato de doble potencia para regadío.

La organización agraria pone en evidencia que el Gobierno ha vuelto a incumplir los compromisos adquiridos, dejando pasar el plazo del que disponía para regular la doble tarifa eléctrica en el regadío, con el precio de la electricidad en máximos históricos y la campaña de riegos en marcha, provocando un claro perjuicio económico para los agricultores.

LA UNIÓ recuerda que, durante los debates presupuestarios en las Cortes, quedó incorporada, literalmente, en la Disposición final cuadragésima quinta de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 la propuesta de enmienda presentada por su organización estatal Unión de Uniones a los grupos parlamentarios sobre el contrato de doble potencia para regadío. La Ley obligaba así al Gobierno a establecer reglamentariamente -en un plazo de 6 meses que concluía el 1 de julio- una modalidad de contrato de acceso para regadío que contemplara la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para esta actividad.

“El Gobierno ha dejado que se agote el plazo sin hacer nada y nos encontramos con el precio de la electricidad más caro de la historia y con los motores de riego en plena campaña”, denuncian desde la organización.

También ha presentado un requerimiento al Ministerio de Industria, competente en este asunto, para que se ponga inmediatamente manos a la obra y cumpla con lo dispuesto en la Ley de Presupuestos.

El Gobierno duplica los impuestos a la electricidad

Por otro lado, la organización considera que la rebaja del IVA de la electricidad del 21% al 10% tiene escaso efecto positivo en el sector agrario al estar reservada para usuarios con una potencia contratada inferior a 10 kW. “Este umbral deja fuera a la mayor parte del regadío y prácticamente a todos los usos ganaderos”, apuntan desde LA UNIÓ que lo que ha reivindicado es una fiscalidad atenuada para el consumo profesional agrario.

En base a los datos de Eurostat sobre precio de la electricidad para consumos no domésticos inferiores a 20 MWh, señala que, de hecho, en España en 2019 y 2020 las tasas e impuestos aplicables se han casi duplicado, con un incremento del 95,7%; mientras que en la media de la UE27 el aumento ha sido del 11,3%. Esto se ha traducido en que los impuestos a la electricidad en España en esta franja de consumo, que hasta 2018 estaban por debajo de la media comunitaria, la hayan superado ampliamente en los dos últimos años.

Recuerda igualmente que en la Ley de presupuestos generales también se contemplaba que el Gobierno debía realizar una auditoría de costes de la industria de suministro eléctrico y de seguimiento de la repercusión de los mismos sobre el precio al consumo, algo que tampoco ha cumplido. “A lo mejor al Gobierno no le interesa hacer una auditoría, cuando en 2018 las tasas e impuestos suponían el 20% de precio y en 2020 ya eran más del 40%”, concluyen.