Unides Podem presenta una iniciativa para frenar el efecto aspiradora de Madrid
Martínez: “Para cambiar la dinámica centralizadora no bastará solo con una armonización fiscal a escala estatal, hará falta también una descentralización administrativa, política y de inversiones en infraestructuras”
El grupo parlamentario de Unides Podem ha presentado una proposición no de ley en la que reclama la descentralización administrativa, económica y política de España para frenar el efecto aspiradora que tiene Madrid respecto al resto del país.
Según ha manifestado el portavoz de Economía, Ferran Martínez, “la situación actual nos exige actuar para parar esta competitividad entre territorios donde una Comunidad se construye contra el resto de autonomías del Estado. Para cambiar la dinámica centralizadora no bastará solo con una armonización fiscal a escala estatal, hará falta también una descentralización administrativa, política y de inversiones en infraestructuras”.
Martínez ha recordado que los últimos informes sobre el proceso de centralización que se está produciendo en España alertan de una realidad cada vez más difícil para el conjunto de autonomías y, en especial, para la Comunitat Valenciana.
En este sentido, ha recordado que la Comunidad de Madrid “lleva más de 50 años en un proceso de concentración demográfica, económica y política que está generando un efecto aspiradora en el conjunto de España”.
De esta forma, ha indicado, la capital “ha triplicado su población desde los años 60 hasta los años 2010, pasando de poco más de 2 millones de habitantes a 6,69 millones de habitantes actuales y el peso económico de la Comunidad ha ido creciendo hasta llegar a representar prácticamente el 20% del PIB español”.
Además, ha alertado de que esta centralización se refuerza con la concentración de las grandes empresas españolas: el 44,5% tienen su sede en Madrid y el 21% de los trabajadores altamente cualificados viven en Madrid.
De este modo, ha advertido, “existe un efecto atracción tanto del talento como de las inversiones extranjeras directas (un 85% al 2018) que está descapitalizando al resto de territorios provocando un efecto espiral perverso para el resto de Comunidades Autónomas”. “Con más recursos, más inversiones y más capacidad de atracción se concentra y se centraliza cada vez más toda la actividad económica en una única región de España, dejando atrás el resto de territorios para los quién es imposible atrapar Madrid en su carrera desigual en el desarrollo económico”, ha lamentado.
Igualmente, ha señalado que Madrid acapara el 30% de los empleados públicos estatales con un excedente sobre su peso poblacional de entre 75.000 y 90.000 trabajadores públicos, al tiempo que la inversión en infraestructuras ha sido mucho mayor que en el resto de Comunidades Autónomas.
Asimismo, ha incidido, “los beneficios de todas las políticas públicas estatales dirigidas a reforzar Madrid ante el resto de territorios ha provocado un incentivo para hacer una política fiscal agresiva con muchos beneficios fiscales para las grandes fortunas que ha provocado el cambio de residencia de 100.000 contribuyentes entre los años 2010 y 2015 tal como se señala en el último informe Paraísos Fiscales, Wealth Taxation, and Mobility. En este informe, se pone de manifiesto que muchos contribuyentes otras autonomías dejan de contribuir y cambian su domicilio fiscal para pagar menos impuestos. Unos contribuyentes que, según este informe, declaraban más de 700.000 euros en patrimonio”.
Por ello, UP reclama instar al Consell a impulsar una armonización fiscal entre las Comunidades Autónomas con una nueva legislación que obligue a una tributación mínima efectiva en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Impuesto de Patrimonio, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
También plantea el impulso de una descentralización administrativa con la relocalización de una parte sustancial de los entes públicos estatales y de las instituciones con rango constitucional en otras ciudades de toda España y rediseñar los criterios para la asignación de inversiones en infraestructuras aplicando nuevos criterios de equilibrio territorial y de valoración económica y social, priorizando al menos los ejes Mediterráneo y Cantábrico-Mediterráneo.
