El requisito lingüístico, principal instrumento electoral en la Comunitat

El uso del valenciano se ha convertido en el arma arrojadiza preferida por los partidos políticos, acrecentada todavía más si cabe durante la precampaña electoral. Lo que para tan solo el 1,3% de los ciudadanos de la Comunitat representa un problema, para las formaciones es uno de los principales instrumentos electorales. En este sentido, los políticos han puesto sobre la mesa la polémica del requisito lingüístico, que obliga a los aspirantes a la Administración Pública y Educación a demostrar su dominio del valenciano.

El debate lo ha vuelto a despertar el Partido Popular, cuya idea del uso social del valenciano es clara: debe ser un mérito, pero nunca una obligación, excepto para los docentes que opten a una plaza de la línea en valenciano. Si en 2013 fue la ex consellera de Educación y actual candidata a la Alcaldía de Valencia, María José Català, quien incluyó el requisito lingüístico en Educación Secundaria Obligatoria, ahora los propios populares apuestan por limitar la obligación del control del valenciano solo en determinadas plazas que así lo requieran. De hecho, este cambio en el modelo actual del plurilingüismo es uno de los ejes principales del programa electoral del PP en la Comunitat, como lo ha confirmado durante las últimas semanas la aspirante a presidir la Generalitat, Isabel Bonig. Y es que la presidenta del PPCV considera necesario volver a implantar el sistema de líneas en valenciano y castellano “para que los padres puedan elegir la lengua en la que quieren educar a sus hijos”, una opinión que también comparte el líder nacional del PP, Pablo Casado, quien aboga por una Ley de Lenguas por la cual la lengua cooficial pueda ser “un mérito pero no un requisito excluyente”. Es decir, que el castellano sea el idioma principal en Educación, pero “compatible con los cooficiales”. El requisito, dicen, solo sería imprescindible si las funciones del puesto lo demandaran o para garantizar el número de empleados públicos suficientes para atender a los valencianohablantes.

La misma postura mantiene Ciudadanos, que defiende eliminar el requisito lingüístico que implantó en la anterior legislatura el PP en Educación para que sea un mérito pero no una obligación en el acceso a la función pública, siempre dependiendo del puesto de trabajo. Desde la formación naranja acusan de “cinismo e hipocresía” a los populares porque fueron ellos quienes “en su última legislatura impusieron como requisito el valenciano para todo el profesorado”. Ahora, el partido que preside Albert Rivera pide la eliminación del requisito y la readmisión de los 2.000 interinos que fueron expulsados de la bolsa por no acreditar el título de valenciano. “Se han tirado a la basura carreras con más de 30 años de experiencia”, se lamentó la portavoz de Ciudadanos en Les Corts, Mari Carmen Sánchez. También se mostró “muy preocupada por el proyecto que se está cocinando para el requisito lingüístico” la portavoz de Educación de Cs en el Congreso, Marta Martín. La indignación dentro de la formación naranja ha llegado también hasta Albert Rivera en un momento en el que una de las principales medidas de Ciudadanos en la autonomía es evitar la “catalanización” de la Comunitat, comenzando por la Educación. “El único lugar de Europa donde hay políticos que no quieren que el español se estudie es en España, y eso no puede suceder”, indicó Rivera, que pidió al candidato de Cs a la Generalitat, Toni Cantó “rescatar” a los niños valencianos. El propio Cantó se ha mostrado en varias ocasiones dispuesto a sacar de la Educación la “semilla del pancatalanismo para que la Comunitat no acabe en ocho años como Cataluña”.

Socios del Consell

El requisito lingüístico mantuvo divididos al PSPV y Podemos de Compromís durante la última Mesa de Les Corts. Los socialistas y la formación morada dejaron solos a los nacionalistas y paralizaron, junto al PP y Ciudadanos, un cambio en las bases del concurso para la provisión de cinco plazas de técnico de administración parlamentaria que habría obligado a los candidatos a dominar el valenciano. Sin embargo, desde el PSPV insisten en que ellos solo votaron a favor del cambio para cumplir lo pactado por el hemiciclo y los sindicatos. De hecho, la consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, es defensora de la incorporación del requisito para los funcionarios. Eso sí, siempre “desde el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en ambas lenguas”, no desde “la imposición, que no es necesaria”. Es más, a pesar de los desacuerdos de las últimas semanas, Bravo mantiene que entre los socios del Consell sí existe unanimidad sobre el criterio del requisito para acceder a los puestos públicos. En opinión de la responsable de Justicia, decir que es un exceso exigir el valenciano “es buscar la confrontación, porque el valenciano suma, aporta riqueza y une”. Para evitar que las lenguas cooficiales se conviertan en patrimonio de los separatistas abogamos por un Estado Constitucional o un Estado Federal con respeto a la convivencia de ambas lenguas”, señala. Sin embargo, desde el Consell admiten que el requisito se pediría en puestos como la Administración o la Educación, pero en otros como Sanidad “tiene que prevalecer el derecho a la salud” sobre promover una lengua.

Por su parte, desde Compromís el presidente de Les Corts, Enric Morera, es partidario de que los candidatos a la función pública sean capaces de “leer documentación en valenciano o atender a ciudadanos que llaman por teléfono en una de las lenguas oficiales”, si bien aclara que, aunque debe ser necesario para los trabajadores de Les Corts porque el valenciano es la lengua vehicular de la Generalitat, no así para entrar a trabajar en el Hemiciclo. “Es una cuestión de igualdad lingüística. Esta capacitación garantiza esos derechos, el respeto a la lengua propia de los valencianos y es sinónimo de diversidad, pluralidad y riqueza”, señaló Morera tras la votación.

Respecto a Podemos, aunque votó a favor de tumbar el cambio propuesto por Morera, sí se ha mostrado en otras ocasiones favorable a incluir el requisito lingüístico, e incluso desde la formación defienden la aprobación de la Ley de Función Pública con esta condición incorporada. Pero van más allá. No piden solo que dominar el valenciano sea obligatorio en los puestos de las Cortes, sino en todos aquellos de la Administración pública en la Comunidad Valenciana. Es decir, abogan por que la prueba de valenciano en las oposiciones sea eliminatoria para todos los aspirantes que opten a un puesto público en las instituciones de la Generalitat, con independencia de la función que realicen.