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Tensión durante el desahucio de los ancianos de una residencia de L’Eliana

Tensión durante el desahucio de los ancianos de una residencia de L’Eliana
  • Cinco mayores han regresado con sus familias y 14 han sido reubicados en el centro público de Carlet

La tensión se ha apoderado de los alrededores de la residencia de mayores de L’Eliana donde se han personado agentes de la Guardia Civil y personal de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para garantizar el orden y el cumplimiento del protocolo de cierre de centros residenciales.

Así, según fuentes de la conselleria, cinco mayores han regresado con sus familias a sus domicilios y otras catorce personas han sido reubicados en el centro público para mayores de Carlet.

El juzgado de primera instancia e instrucción de Llíria ha decretado el desahucio de los mayores de esta residencia de propiedad privada y que se había programado para este martes, pese a que algunos internos y parte de la plantilla se han negado a abandonar el centro. Por lo que la Benemérita ha actuado para proceder al desalojo y sacar a la calle a los mayores.

Según fuentes de la conselleria, de los mayores traslados a la residencia de Carlet, tres son positivos en covid-19 por lo que han sido evacuados en ambulancia. Y el resto con transporte adaptado.

Al menos tres detenidos

Durante el desalojo, la Guardia Civil ha detenido al menos tres personas que han opuesto resistencia a abandonar el centro. Se trata del gerente y dos responsables, según publica À Punt.

El desahucio se ha producido a causa de una sentencia judicial por el impago de una deuda, decisión que los familiares de los residentes consideran injusta. Cabe señalar que la sentencia es firme desde febrero de 2022, porque nadie ha recorrido en contra en nombre de la empresa demandada.

La parte demandante es la actual propietaria del edificio, que ha denunciado una renta pendiente de más de 200.000 euros a la anterior gestora de la residencia.

Durante el procedimiento judicial una tercera empresa se hizo cargo de la gestión del edificio, sin la autorización necesaria de la conselleria de Igualdad, y ahora un juzgado de Llíria ha decretado el desalojo forzoso.

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