La Ribera Alta recibirá 1,3 millones de euros del nuevo Modelo de Servicios Sociales
La comarca de la Ribera Alta recibirá un total de 1.278.258 euros gracias al nuevo Modelo de Servicios Sociales de la Diputación de Valencia. Esta cantidad supone el incremento del 148% de la aportación de la corporación en la comarca, durante el período comprendido entre 2015 y 2017.
La inversión total a través de este plan de atención primaria, de 9,4 millones de euros, ha triplicado en apenas dos años la partida destinada por el anterior equipo de gobierno a esta asistencia social básica.El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y la diputada de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo, presentaron el pasado mes de junio ante decenas de alcaldes y alcaldesas el nuevo modelo de la institución provincial.
En el caso de la comarca de la Ribera Alta supone una inyección de 80.472 euros para los vecinos y vecinas de Guadassuar, 91.153 euros para La Pobla Llarga, 164.195 euros para Turís y 157.473 euros para Villanueva de Castellón. En el caso de las mancomunidades, El Marquesat recibirá 140.466 euros, la Ribera Alta 374.672 euros, y el Vall dels Alcalans 71.271 euros. Por otro lado, la mancomunidad de Aigües Potables hará una inversión de 103.757 euros y Bienestar Social 94.799 euros.
Por programas, los 80.472 euros destinados en Guadassuar se dividirán en 37.822 para el reforzamiento del equipo técnico, 9.000 para prestaciones individualizadas, 30.000 para el programa de ayuda a domicilio, 500 para cooperación social y 3.150 para actuaciones de intervención para la prevención e inserción social. En el caso de La Pobla Llarga, se hará una inversión de 48.528 euros para el reforzamiento del equipo técnico, 15.000 para prestaciones individualizadas, 5.000 para casos de pobreza energética, 21.000 para el programa de ayuda a domicilio y 1.625 para actuaciones de intervención para la prevención e inserción social. Turís recibirá 85.087 para el reforzamiento del equipo técnico, 1.000 para información y asesoramiento, 18.750 para prestaciones individualizadas, 6.000 para casos de pobreza energética, 37.500 para el programa de ayuda a domicilio, 858 para los llamados clubes de convivencia y 15.000 para actuaciones de prevención e inserción social. Por último, Villanueva de Castellón invertirá 79.543 euros para el reforzamiento del equipo técnico, 30.000 para prestaciones individualizadas, 10.680 para casos de pobreza energética, 18.750 para el programa de ayuda a domicilio, 3.500 para cooperación social y 15.000 para actuaciones de intervención para la prevención e inserción social.
En cuanto a las mancomunidades, Aigües Potables invertirá 56.405 euros para el equipo social base, 8.250 para prestaciones económicas individualizadas, 4.000 para reducir el empobrecimiento energético, 31.254 para el programa de ayuda a domicilio, 2.103 para los llamados clubes de convivencia y 1.745 para intervenciones de prevención e inserción social. El Marquesat contará con 140.466 euros que serán distribuidos de la siguiente manera: 68.966 para el equipo social base, 22.500 para prestaciones económicas individualizadas, 5.000 para reducir el empobrecimiento energético, 28.500 para el programa de ayuda a domicilio, 2.700 para los llamados clubes de convivencia, 300 para el plan de cooperación social y 12.500 para intervenciones de prevención e inserción social. Por su parte, la mancomunidad de la Ribera Alta destinará 225.720 para el equipo social base, 38.680 para prestaciones económicas individualizadas, 10.912 para reducir el empobrecimiento energético, 77.355 para el programa de ayuda a domicilio, 7.142 para los llamados clubes de convivencia, 250 para cooperación social y 14.613 para intervenciones de prevención e inserción social. Valls dels Alcalans inyectará 41.804 euros para el equipo social base, 6.300 para prestaciones económicas individualizadas, 2.000 para reducir el empobrecimiento energético, 18.567 para el programa de ayuda a domicilio, 1.600 para los llamados clubes de convivencia, 200 para cooperación social y 800 para intervenciones de prevención e inserción social.
Por último, los 94.799 euros otorgados a la mancomunidad de Bienestar Social se distribuirán entre el reforzamiento del equipo técnico (46.564), prestaciones económicas individualizadas (13.125), la lucha contra la pobreza energética (1.000), el servicio de ayuda a domicilio (26.250), los clubes de convivencia (4.500), cooperación social (1.910) y las actuaciones de intervención para la prevención e inserción social (1.450).
Las cifras evidencian la apuesta de la Corporación que preside Rodríguez por los temas sociales, ya que, pese a la disminución de la aportación estatal en el presupuesto del presente año y la dotación de 20,6 millones para el Fondo de Cooperación Municipal, se ha duplicado respecto a 2016 la partida para atención social básica en los municipios y se han habilitado nuevas líneas para el mantenimiento de colegios, con 7 millones de euros, y construcción de centros sociales, con otros 5,6 millones, además de la partida de 15,5 millones para Bienestar Social y Educación.
En palabras de la diputada de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo, "hemos pasado de un modelo asistencial-burocrático a un modelo de responsabilidad pública basado en la prevención y la justicia social". Esta idea se expresa también en datos, como el ratio de profesionales de atención en los Servicios Sociales Municipales, que ha pasado en dos años de uno por cada 5.400 habitantes a uno por cada 2.800 habitantes.
El aumento de los equipos sociales de las mancomunidades y ayuntamientos que se ha venido produciendo con el incremento de las ayudas de la Diputación no es el único ámbito en que se ha mejorado esta asistencia social para los municipios de menos de 10.000 habitantes. El área de Inclusión Social que dirige Rosa Pérez Garijo ha multiplicado por 7 la financiación del refuerzo administrativo municipal en asistencia social, y se ha apoyado la movilidad de los profesionales con subvenciones a 22 entes locales, cuando en 2015 no existía este tipo de subvención.
Para el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, estas cifras demuestran que "desde el primer minuto de la legislatura decidimos que el eje principal de la gestión de este gobierno debía ser hacer política para las personas, para mejorar la calidad de vida de los vecinos de los municipios valencianos y por supuesto para garantizar los servicios básicos y cubrir las necesidades de las personas más vulnerables".
En cuanto a este nuevo modelo de Servicios Sociales, Rodríguez ha destacado que "lo realmente importante es prevenir esas situaciones de vulnerabilidad social y pobreza, antes que llegar a extremos de desigualdad que rechazamos desde esta institución, en la que los parámetros de objetividad e igualdad se aplican en las distintas áreas para que ninguna persona se quede en el camino".
Líneas de actuación
Los 9,4 millones de euros que la Diputación ha destinado este año a estos Servicios Sociales básicos en municipios de menos de 10.000 habitantes se invierten, entre otras líneas de actuación, en el pago de salarios al personal de los equipos sociales de base; el mantenimiento de los centros sociales; y programas de prestaciones básicas como la pobreza energética, la atención familiar a menores en riesgo de exclusión, el fomento del asociacionismo y el voluntariado o la prevención de la exclusión social y sus causas.
También se presta atención a las estructuras técnicas de los ayuntamientos y los ratios de atención de los profesionales, teniendo en cuenta las crecientes competencias que asumen los municipios en materia social; la supervisión de la profesionalidad de los trabajadores sociales; el estudio de la realidad social de cada municipio para aprovechar mejor los recursos disponibles; y la contribución a las iniciativas de revitalización del medio rural, pasando del asistencialismo al desarrollo comunitario y la participación social.
La titular de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo, ha insistido en que el objetivo es "consolidar una red básica de protección social, avanzando hacia una atención personalizada y de calidad que supere el modelo tramitador y posibilite la verdadera inclusión social, para que nadie quede excluido de una vida digna".
