La Diputació de València revisará los procedimientos de estabilización de personal de la oferta de empleo de 2022
El pleno extraordinario con el que se inicia el curso político en la institución ha aprobado la propuesta del área que dirige Ricardo Gabaldón, en respuesta a una sentencia, con el único voto en contra del grupo socialista
La Diputació de València revisará de oficio los procedimientos de estabilización de personal incluidos en la Oferta Pública de Empleo de 2022. El pleno extraordinario que ha abierto este martes el curso en la corporación ha aprobado la propuesta del área de Administración General que dirige Ricardo Gabaldón con los votos a favor del PP, Ens Uneix y Vox, la abstención de Compromís y el único voto en contra del grupo socialista.
La decisión del ejecutivo provincial responde a la sentencia de marzo de 2024 que anula el proceso de estabilización para las plazas de técnico de administración general, y el posterior informe del secretario de la institución que obliga a revisar todos los procedimientos, de junio de este mismo año. “Existe una sentencia que considera abusivas las bases de la OPE de 2022 que se aprobaron en este plenario. En concreto, el auto dice que las bases vulneran el límite de lo tolerable al establecer una diferenciación no justificada que prima más de cuatro veces la experiencia en la Diputación que en otras instituciones a la hora de acceder a una plaza”, explica el diputado.
Gabaldón ha defendido la actuación del gobierno provincial, que lo único que pretende es “dar respuesta a la legislación vigente, a la sentencia y al informe del secretario de la Diputación, revisando los procesos antes de que finalice el año para resolver la situación de las 5.549 personas que han participado en alguna de las 28 convocatorias de empleo que están en el aire”. Y añade el responsable de Administración General que “la inacción del gobierno que formaban el PSPV y Compromís, que no se ocupó durante la pasada legislatura de estos procesos que ellos mismos aprobaron, no puede utilizarse ahora para cuestionar la actuación de quienes trabajamos para reducir la temporalidad en el empleo público y promover la contratación indefinida que defiende la ley, evitando los abusos y respetando los tiempos”.
De la mano de los sindicatos
El debate previo a la votación del punto principal del orden del día ha girado en torno a la premura del margen para revisar los procesos y el papel que deben jugar los sindicatos en la hoja de ruta fijada hasta final de año, tiempo marcado por la ley para corregir las bases. En este sentido, la portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, ha justificado la aprobación de las bases de 2022 en “un acuerdo de buena fe que alcanzamos con los trabajadores y los sindicatos”. Gimeno entiende la cuestión legal, pero “no acabamos de ver que haya tan poco tiempo para hablar con los sindicatos y minimizar los efectos de la sentencia”.
Por su parte, el diputado socialista Jorge Vidal ha lamentado que el proceso de estabilización “afecta a un centenar de personas con nombres y apellidos que en tres meses van a ver cómo se decide su futuro después de un año sin hacer nada”. Vidal señala que “los sindicatos mayoritarios están en contra y muy preocupados”, y afea a Gabaldón que “no haya tenido en cuenta a la oposición en un tema que afecta a la columna vertebral de la institución”.
Ricardo Gabaldón ha respondido a los representantes de la oposición. En el caso de Dolors Gimeno, el responsable de Personal le ha recordado que “los tiempos son los que determina la la legislación y la legalidad vigente”. En cuanto a las críticas del diputado socialista Jorge Vidal, el diputado de Administración General ha querido dejar claro que la aprobación en pleno supone “el inicio del procedimiento. Claro que nos sentaremos las veces que sean necesarias con los sindicatos, como lo estamos haciendo desde el inicio de la legislatura, y escucharemos a todas las partes implicadas para estabilizar la plantilla y reducir la temporalidad”. Gabaldón insiste en que la decisión “defiende los intereses generales y es fruto de la inacción de quien aprobó esas bases en su momento”. “Votar en contra significa no preocuparse por las personas que esperan una respuesta, tanto las que trabajan en la Diputación como las más de 5.000 que esperan hacerlo”, concluye.
