¿Qué proponen los partidos de la Comunitat para solucionar el conflicto agricultor?
Los políticos valencianos proponen medidas para proteger los cultivos autóctonos
Los agricultores valencianos se manifestaron ayer por enésima vez para denunciar la precaria situación laboral que se vive en el campo. La bajada continuada de los precios de los cultivos, la competencia a su juicio desleal de las importaciones procedentes de Sudáfrica y el constante abandono por parte de las autoridades son el eje central de su protesta. Pero, ¿qué proponen los principales partidos políticos de la Comunidad Valenciana para paliar el conflicto agricultor?
Partido Popular de la Comunidad Valenciana
Los populares valencianos apuestan por la creación de un “frente común” de todos los partidos para respaldar la agricultura de la Comunitat en el Parlamento Europeo. Así, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ofreció al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, “todo el apoyo” de su partido “para ir a Europa a defender la agricultura valenciana” porque, en su opinión, el sector necesita que se adopten “políticas valientes”. Entre estas, desde el PPCV abogan por la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria y una bajada de impuestos. Además, los populares defienden que el Consell destine a los agricultores valencianos, que son “los que han levantado esta tierra y han generado empleo”, las ayudas que concede “a entidades pancatalanistas o a familiares del Presidente”.
También el portavoz de Agricultura del Grupo Popular en Les Corts, José Ramón Calpe, ha apoyado todas las movilizaciones de los labradores provocadas en su opinión, “por la desesperación del sector y la inoperancia del Consell ante la crisis citrícola”. En este punto, Calpe recuerda que en 2016 Les Corts aprobaron una iniciativa presentada por su partido en la que instaban al Consell a revisar el tratado con los países de África Meriodional en relación al conflicto suscitado por la importación de sus cítricos. Pero el portavoz de Agricultura lamenta que el Gobierno valenciano “no ha hecho nada”, sino que fue la propia Bonig quien se reunió con el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, y solicitó al Ejecutivo central aplicar la cláusula de salvaguarda como Estado miembro al tratado de exportación de cítricos UE-Sudáfrica.
Partido Socialista del País Valencià
Por su parte, los socialistas valencianos propusieron en la Comisión Europea la creación de un Observatorio de Frutas y Hortalizas con el objetivo de poder controlar en tiempo real la evolución del mercado, así como intervenir en los precios y aumentar la transparencia del sector. Desde el PSPV se muestran orgullosos de esta medida que ya ha asumido Europa, y aseguran que el actual Consell es el primero que ha defendido “un sector fundamental” para la Comunitat tras veinte años “de dejadez de los gobiernos del PP”.
Asimismo, los socialistas han trasladado su apuesta por una regulación del etiquetado y una mayor reciprocidad en los controles fitosanitarios. En este sentido, subrayan que la Comisión Europea ha garantizado a la eurodiputada del PSPV, Inmaculada Rodríguez-Piñero que Europa homogeneizará los controles de los cítricos y aumentará las inspecciones para evitar la competencia desleal, tal y como reclama el sector.
Entre las medidas para poner fin a la actual situación de los agricultores, los socialistas también han indicado que, si forman parte del Consell en la próxima legislatura, pondrán en marcha un Plan Estratégico de reconversión sectorial para planificar con un periodo mínimo de 15 años el futuro de la producción agrícola.
Compromís
Los socios del Gobierno valenciano se muestran favorables a que se compensen “de manera urgente” las pérdidas del sector a través de ventajas fiscales y ayudas europeas para paliar la situación que atraviesan los cultivos de la Comunitat, en especial el sector citrícola.
Respecto a la competencia procedente de los productos importados de África, la formación nacionalista ha solicitado a la Comisión Europea la aplicación de la cláusula de salvaguardia con la Comunidad de Estados de África del Sur para que no se importen cítricos de África del Sur sin garantías de una inspección adecuada. En este sentido, Compromís también ha propuesto reforzar los lugares de inspección fronteriza y establecer la obligatoriedad del tratamiento en frío a las importaciones de países terceros para evitar de este modo el contagio de plagas. De hecho, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ya presentó esta propuesta en el hemiciclo el pasado 19 de febrero y fue aprobada por unanimidad.
Unides Podem
La nueva formación integrada por Podemos y Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) se ha postulado una “férrea defensora” de la soberanía alimentaria. Es decir, que cada país debe poder determinar las políticas agrícolas y alimentarias que le afectan y regular la producción y el comercio interior, en contra de las políticas neoliberales. La secretaria de la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio en Les Corts y diputada de Podemos, Beatriz Gascó, considera necesaria la soberanía alimentaria para “poner cordura” en un sistema económico comercial que en su opinión, “está teniendo consecuencias nefastas para los pequeños agricultores, que son la mayoría de los que trabajan en la Comunitat” y se ven perjudicados porque los gobiernos “usan la agricultura como moneda de cambio”.
Según Gascó, el principal reto que las autoridades deben asumir es un cambio en la Ley de la Cadena Alimentaria porque “es ilegal poner los precios por debajo de los costes de producción”. En este sentido, la diputada de Podemos se muestra crítica con las cadenas de supermercados, que no reciben ninguna sanción “cuando es evidente que venden a un precio inferior del coste”. Para Gascó, la política debe orientarse al mundo rural, algo que a su juicio, la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente no ha hecho. “Solo han seguido el legado del PP, no han puesta en marcha una política agrícola propia y no se pueden enorgullecer de nada”, lamenta.
Ciudadanos
La formación naranja considera necesario alcanzar medidas para que los agricultores valencianos vendan sus productos a un precio superior al de coste y no se vean amenazados por los acuerdos de la Unión Europea con terceros países. En este sentido, el ex diputado de Ciudadanos por Valencia en el Congreso y candidato a la Generalitat, Toni Cantó, exigió el pasado mes de enero explicaciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre la crisis que sufren los agricultores valencianos. Del mismo modo, lamentó que ningún portavoz se reuniera con los colectivos afectados en la Comunitat, “que malvenden sus productos o los dejan en el árbol”.
Entre las soluciones para poner fin a este conflicto, Cantó propone trabajar junto a las instituciones europeas para “desarrollar métodos de producción sostenibles y que cumplan la normativa laboral y fitosanitaria”. Desde Ciudadanos también defienden una modificación parcial del acuerdo europeo con Sudáfrica. Así lo plantearon en el hemiciclo los diputados por Castellón y Alicante, Sandra Julià y Pepe Cano, respectivamente, quienes registraron una Proposición No de Ley (PNL) para apoyar las reivindicaciones de los agricultores en la Comunitat y reformar un tratado que en su opinión, “perjudica claramente a la naranja y supone una estocada para todo el sector citrícola español”.
La promoción de las frutas y verduras valencianas en mercados exteriores, o una mayor previsión para hacer frente a escenarios extraordinarios, son otras de las propuestas que sugieren los diputados de la formación naranja. Y es que según Julià, “ignorar a los afectados en el conflicto, puede comprometer seriamente el futuro de la agricultura española”.
Vox
La formación que preside Santiago Abascal asegura estar sensibilizada con los problemas que atraviesa el sector citrícola valenciano. Desde Vox subrayan que el presidente del partido en la provincia de Valencia, José María Llanos, considera “esencial” la adopción de medidas de protección y fomento de los productos valencianos, en especial de la naranja, encaminadas a amortiguar la competencia desleal. Así, el partido de extrema derecha propone la aplicación de cláusulas de salvaguarda de precio para los cítricos y la reducción del periodo de importación del 30 de noviembre al 30 de septiembre “porque si no, la clementina valenciana no se cogerá”. Asimismo, como solución a la pérdida de beneficios que sufren los agricultores valencianos, Vox apoya la instauración de mecanismos que estabilicen los mercados “para garantizar unos precios que cubran los costes de producción y evitar las prácticas abusivas y desleales”.
En relación al comercio exterior, Llanos también defiende un control exhaustivo de los productos que entran en la Unión Europea, obligando a que entre la fruta en Europa “solo por un puerto, como podría ser el de Sagunto”, así como liberalizar la comercialización del producto.