El Estado ha gastado en los últimos años 126 millones de euros de dinero público en patrimonio religioso tan solo con el 1,5% cultural, según Compromís

Seis euros por persona para ver la Catedral de Lugo; 7 la de Cádiz, 12 por contemplar la de Santiago, 5,5 por la de Cuenca, 8 por ver el cáliz sagrado de la Catedral de València, 9 por visitar el monasterio de Vallbona de les Monges o 12 por la visita a la Catedral y Giralda de Sevilla. Una audioguía puede costar perfectamente 5 euros adicionales en estos sitios. Un suma y sigue por contemplar un patrimonio rehabilitado y mantenido con dinero público, de todos. A tenor de la información que ha hecho pública Compromís, se han invertido más de 126 millones de euros en los últimos 20 años tan solo en el programa del 1,5% cultural, a lo que cabría añadir otros muchos millones procedentes de otras administraciones (locales, provinciales, comarcales, autonómicas y estatales).

El Gobierno ha señalado en una respuesta parlamentaria al portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, que los fondos de ministerios como los de Cultura y Fomento que han recibido estos edificios religiosos de toda España para la conservación del patrimonio cultural, han sido principalmente a través del denominado 1,5%. La coalición planteó esta iniciativa después de ver cómo se cobran tarifas nada accesibles por visitar monumentos religiosos adscritos a la Iglesia Católica que han recibido sustanciosas cantidades económicas para la reparación, reconstrucción y reformas de estos bienes.

“Lo más lógico”, señala Mulet “sería que después de haber recibido dinero público no se cobrara una entrada por visitar estos bienes, más allá de una cantidad simbólica, ya que se está limitando el acceso a la cultura de los ciudadanos y dando cuantiosos negocios, en ocasiones, a empresas privadas o instituciones que luego aseguran no disponer de dinero para mantener el patrimonio. Por el contrario, el acceso a templos y conventos se está convirtiendo en ocasiones en una actividad bien rentable por las que pasan anualmente millones de personas y que deberían estar más condicionadas”. Lo cierto es que las bases reguladoras no recogen ninguna condición o limitación relacionada con el cobro de entradas. “Con ello el Gobierno legitima así que la Iglesia esté haciendo negocio con la venta de entradas y estamos hablando de muchos millones que anualmente se destinan a esto, cuando en otros lugares de Europa el Estado es titular de los bienes sobre los que invierte y posteriormente mantiene y explota, lo que es muy diferente de lo que ocurre en el Estado español”.