Les Corts instan al Consell a crear redes de cooperación con las víctimas de esterilización forzada de Perú
La Comisión de Derechos Humanos de Les Corts Valencianes ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario Podemos-Podem en la que se insta al Consell a la creación de redes de cooperación valenciana con las víctimas de la esterilización forzada de Perú y le solicita que condene estas prácticas del gobierno del expresidente Alberto Fujimori por entenderlas como machistas, racistas , clasistas y contrarias a los derechos humanos de las mujeres.
La diputada Cristina Cabedo reclamaba en la iniciativa aprobada que Les Corts Valencianes manifiesten su apoyo a las mujeres víctimas de estas prácticas y a sus familiares y que se inste al Consell a que también manifieste su solidaridad y cree redes de cooperación valencianas con las víctimas de esterilización forzada, especialmente a través de estrategias que construyan redes internacionales entre colectivos que trabajen por el empoderamiento de las mujeres. Estas redes de cooperación reconocerán la vulneración de derechos humanos sufridos por estas mujeres, y sensibilizarán y visibilizarán entre la ciudadanía valenciana estas violencias.
Podemos también insta al Gobierno de España a que lleve a cabo las medidas necesarias – desde el conjunto de las instituciones españolas, en el marco de la Unión Europea y desde los organismos internacionales donde España tenga representación – que exijan la reparación de las víctimas y de sus familiares, a la par que la sanción de los responsables.
Cabedo ha recordado que en la década de los años noventa, las mujeres peruanas más pobres, fueron sometidas, contra su voluntad, a esterilizaciones forzadas como supuesta solución a la pobreza extrema que existía en Perú. Se trataba, en la mayoría de los casos, de mujeres indígenas, especialmente quechua hablantes), sometidas al polémico programa de control de la natalidad del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), a través de la aplicación del Programa de Salud Reproductiva del método de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV).
El Plan fue financiado por la Agencia de Cooperación Internacional Estadounidense y por el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas (UNFPA). Según datos presentados en el año 2002 se calcula que, entre 1995 y el 2000, cerca de 331.600 mujeres fueron esterilizadas.
El plan, que tenía como objetivo disminuir el número de nacimientos en los sectores pobres de la sociedad peruana, apuntaba esencialmente a la población indígena de las zonas más abandonadas. Los casos fueron denunciados y archivados y vueltos a denunciar, con un recorrido de apelaciones que va desde finales de los años 90 hasta hoy.
