Moción del PSPV-PSOE para que la Diputación aporte recursos para la exhumación de los 976 represaliados que yacen en las fosas comunes del cementerio de Castellón
El Grupo Socialista en la Diputación ha presentado una moción que se debatirá el próximo martes en el pleno en la que se solicita que la corporación sufrague conjuntamente con el Ayuntamiento de Castellón las exhumaciones de los represaliados que todavía se encuentran en fosas comunes del cementerio de la capital o que en su defecto se convoquen ayudas públicas con dotación presupuestaria para poder atender las peticiones de las familias que deseen recuperar los restos de sus seres queridos.
Así lo ha manifestado el portavoz del PSPV-PSOE en la Diputación, Santi Pérez, quien ha recordado que la represión comenzó en Castellón en 1938 cuando las tropas franquistas tomaron buena parte del territorio y continuó en los años posteriores a la finalización de la contienda. "Fue un triste periodo de tiempo en el que se procedió a la ejecución de campesinos, jornaleros, maestros, alpargateros, políticos y sindicalistas; gente de bien a la que las fuerzas fascistas de la época no perdonaron su defensa de la Democracia".
Hay que tener en cuenta que según el Grup de la Recerca de la Memòria Històrica, Castellón es la segunda ciudad valenciana con más represaliados fusilados enterrados en fosas comunes, un total de 976. Muchos de ellos son originarios de pequeños pueblos de la provincia, cuyos ayuntamientos carecen de recursos suficientes para sufragar este tipo de actuaciones.
Pérez argumenta que las familias que lo soliciten tienen el derecho a dar sus familiares una sepultura digna porque "se trata de un hecho de justicia, porque existe legalidad nacional y autonómica que favorece estas inhumaciones y porque el Comité de las Naciones Unidas emitió un informe en 2013 sobre la Desaparición Forzada, en el que expresaba su preocupación por el desamparo que padecen las víctimas del franquismo e instaba al Estado español a cumplir con la obligación de buscar a los desaparecidos durante la guerra y la dictadura posterior.
El informe también recomienda que las distintas administraciones públicas españolas aporten los recursos económicos, humanos y técnicos que sean necesarios.
El portavoz del PSPV-PSOE recuerda que otras diputaciones como la de Valencia están plenamente comprometidas con esta causa, a la que en el periodo 2016-2019 ha decidido destinar la cantidad de 2,72 millones de euros.
Finaliza diciendo que "la Diputación, que representa a todos los pueblos de la provincia, debería ayudar a que las familias afectadas puedan enterrar con dignidad a sus seres queridos". Cree que "hay que hacerlo porque la Diputación tiene la obligación de defender los derechos humanos y porque no podemos olvidar que muchas de las víctimas fueron alcaldes o concejales en sus pueblos".
