Compromís pide ayudas directas para los comercios afectados por las obras del Raval de San Fèlix
El Grupo Municipal de Compromís al Ayuntamiento de Castelló se ha sumado a las reivindicaciones de los comercios del Raval de San Fèlix que aseguran haber sufrido unas pérdidas de facturación que en algunos casos incluso superan el 30% respecto a la misma temporada del año anterior. Ignasi Garcia, portavoz municipal de la formación valencianista ha afirmado que “por coherencia, Begoña Carrasco y el Partido Popular, que cuando estaban en la oposición reclamaban ayudas a los comercios durante las obras de la Avenida de Lledó, creemos que es importante que el gobierno facilite estas ayudas”.
El edil de Compromís ha subrayado que “ante esta realidad que están viviendo los comercios del Arrabal de San Fèlix, se tienen que analizar las diferentes situaciones y en aquellos lugares donde se están haciendo obras de la Zona de Bajas Emisiones, se impulsan líneas de ayudas y de subvenciones directas”. “Es un deber político actuar para que estas obras no acaben perjudicando a un pequeño comercio que ya está bastante castigado y que recordamos, es la columna vertebral de nuestra economía”, ha añadido.
Garcia ha mantenido que “no solo estamos hablando de comercios sino también estamos hablando de negocios de alimentación o de hostelería que quedan fuera de las campañas de bonos” y que, por lo tanto, “una campaña de bonos no sería la solución que planteamos nosotros desde Compromís, si no que son las ayudas directas”.
Desde Compromís remarcan que “la relación del Partido Popular con la Zona de Bajas Emisiones es la muestra de una gestión improvisada e ineficiente”. “Primero no la querían, después la retrasan y finalmente acaban haciéndola sin la previsión necesaria, generando un caos absoluto para el vecindario y los comercios”, ha señalado Garcia. Hay que recordar, respecto a la implantación de la ZBE, que el pasado noviembre, El Defensor del Pueblo informó sobre el inicio de actuaciones de oficio a Castelló y a otras cuatro ciudades valencianas para incumplir, de diversa manera, la Ley de Cambio Climático, que obliga en las ciudades de más de 50.000 habitantes a delimitar zonas de bajas emisiones con restricciones para la entrada de los vehículos más contaminantes, para mejorar la calidad del aire a través de la reducción de gases y partículas a la atmósfera. Una investigación se pone en marcha, entre otros casos, en aquellos municipios donde los ayuntamientos han anunciado la reversión de las ZBE ya iniciadas, como es el caso de Castelló, poniendo en riesgo los fondos europeos recibidos para impulsar la movilidad sostenible.
Finalmente, Garcia ha hecho referencia a que la Zona de Bajas Emisiones responde a criterios de sostenibilidad, reducción de emisiones y contaminación acústica y ha puesto en entredicho que Begoña Carrasco tenga la voluntad de continuar con el proyecto que empezó el gobierno de Fadrell. "Que el PP asuma los postulados de Vox que niegan el cambio climático y estén en contra de la agenda 2030 supone un riesgo en la lucha contra el cambio climático y en las inversiones para la ciudad", ha lamentado el portavoz.
