Carlos Fabra declara como investigado por si ocultó patrimonio
El ex presidente de la Diputación de Castellón comparece mañana miércoles a las 10 horas ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón
La justicia investiga a él, a su mujer, uno de sus hijos y una cuarta persona en esta causa
El ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, declara mañana como investigado a las 10 horas ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón en una causa que trata de averiguar si él, su mujer, uno de sus hijos y una cuarta persona ocultaron bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de una sentencia por la que fue condenado a cuatro años de prisión.
Carlos Fabra y uno de los investigados declararán miércoles 28 a las 10.00 horas y los otros dos investigados deberán prestar declaración el día 29.
El pasado 22 de septiembre, la Policía Nacional registró el domicilio que el ex mandatario popular tiene en Oropesa del Mar. El registro terminó sin detenciones.
La causa se abrió en 2017
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juzgado abrió esta causa en 2017 tras una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, sin perjuicio de una ulterior calificación.
Ahora, el juzgado investiga si el expresidente de la Diputación castellonense ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia de la Audiencia de Castellón del año 2013, que confirmó en 2014 el Tribunal Supremo, por la que Fabra fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,4 millones de euros como autor de cuatro delitos fiscales.
Cuatro años de prisión
El exmandatario popular permanece alejado de la vida política después de salir de la prisión madrileña de Aranjuez en mayo de 2016, donde ingresó en diciembre de 2014 tras haber sido considerado culpable de cometer cuatro delitos fiscales y fue condenado a pagar una multa de 693.000 euros y a indemnizar a Hacienda en la misma cantidad.
La condena fue hecha pública por el tribunal en noviembre de 2013 y Fabra pidió un indulto al Gobierno que finalmente fue denegado en noviembre de 2014 por lo que se hizo efectivo su ingreso en prisión.
