Punto y aparte en el Golf Sant Gregori: ¿Qué pasará ahora con el mayor PAI de la Comunitat Valenciana?

Punto y aparte para el PAI más grande de todo el litoral valenciano, el de Golf Sant Gregori. Tras adquirir firmeza la sentencia anulatoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ahora se abre la gran incógnita de qué ocurrirá con este gran proyecto que pretendía levantar en 2’5 millones de metros cuadrados de la costa de Burriana una gran urbanización de 6.000 viviendas y un campo de golf.

El ayuntamiento del municipio castellonense anunció este lunes que finalmente tomaba la decisión de no recurrir la sentencia del TSJCV que anulaba el acto por el que se otorgó la condición de agente urbanizador a la empresa que lo estaba construyendo.

Así, la urbanización de este macroproyecto vuelve a poner el contador a cero con la decisión de no recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia contraria. Una decisión que se ha tomado solo unas horas antes de que expirase el plazo para presentar recurso, este miércoles 5 de julio y con la que adquiere firmeza la sentencia del alto tribunal valenciano.

Pero, ¿qué pasará ahora con Sant Gregori?

Desde la empresa se ha asegurado a elperiodic.com que las obras están paralizadas desde que se conoció la sentencia, cuando las máquinas comenzaron a retirarse hasta que pasase esta situación de impasse.

Además, han explicado que “ha habido y hay un diálogo continuo y fluido con el actual equipo de gobierno y también con el anterior y estamos colaborando de forma estrecha para valorar las posibles opciones y ver la mejor solución para llevar adelante este proyecto fundamental para Burriana”.

Una voluntad de seguir adelante con este proyecto que tanto el alcalde Jorge Monferrer como el nuevo concejal de Urbanismo, Juan Canós, han reafirmado en diversas ocasiones. Hay que recordar que el PAI y la reparcelación de los terrenos siguen vigentes, ya que lo que se ha anulado es el rol del urbanizador que llevaba las obras.

Cuatro opciones para el Golf Sant Gregori

Así, ante la sentencia del pasado mayo, dada a conocer solo unos días antes de las elecciones locales, se abrían cuatro opciones.

Una era recurrir ante el Supremo para tratar de continuar las obras como hasta ahora, una opción que se ha desechado este lunes por la contundencia de la sentencia y por los plazos del alto tribunal, que podría tardar años en resolver la cuestión. Canós defendía, en este sentido, que “recurrir es alargar la agonía”.

Otra opción sería liquidar el PAI y finiquitar el proyecto, una cuestión que por el momento no está sobre la mesa, ya que enterrar este gran proyecto 20 años más tarde y con todo el paisaje de la zona modificado por las obras supondría un grave riesgo de demandas cruzadas, petición de responsabilidades patrimoniales o indemnizaciones.

Una tercera opción sería apartar a la actual empresa e impulsar el proyecto desde el propio ayuntamiento como agente urbanizador. Eso sí, externalizando la dirección de los trabajos para no sobrecargar al consistorio con esta ingente tarea.

Por otro lado, la cuarta posibilidad que se abre es la de sacar de nuevo el proceso a licitación para que se presenten en un proceso abierto los aspirantes a ser el nuevo agente urbanizador.

Una opción que ve con buenos ojos Canós, quien considera que “sería lo más coherente”, aunque admite que está todo abierto, ya que “se deben de tener en cuenta miles de variables”, por lo que se solicitarán informes técnicos para no repetir los problemas del pasado.

“Lo primero es liquidar la obra, después se tendrá que hacer un estudio de viabilidad y comprobar la ejecución de los trabajos. Después es cuando, con toda esa información, valoraremos las posibilidades que tenemos”, explica Canós.

De momento, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ya se ha reunido con los representantes de los grupos políticos para comunicarles la decisión tomada tras consultar a los técnicos municipales y los abogados.

Ahora, el consistorio retirará los apremios a los propietarios que no estén al corriente de los gastos de urbanización, dejará de girar cuotas e incautará los avales de la urbanizadora, de 8’4 millones de euros, con los que el consistorio podrá hacer frente a posibles pagos, indemnizaciones o demandas, si fuera el caso, aunque en principio no se prevén devoluciones por los pagos a cuenta de la obra.

El segundo reinicio del PAI Sant Gregori

Tras ser firme la sentencia, Golf Sant Gregori inicia de nuevo el camino para tratar de resucitar por segunda vez en veinte años.

Lo que la justicia ha tumbado este mes de mayo es el acuerdo plenario de 2019 con el que se le devolvió la condición de agente urbanizador a la empresa constructora, al considerar el TSJ que no se respetó la libre concurrencia de otras empresas.

Una decicisón que desde el Ayuntamiento que dirige Jorge Monferrer creen que “corrobora el error cometido por el anterior equipo de gobierno”.

El de 2019 fue el primer reinicio del proyecto, ya que hay que recordar que en 2015 el anterior equipo de gobierno había paralizado el PAI retirando el rol de urbanizador a la empresa, al no haber avanzado en el proyecto desde que se puso en marcha, allá por el año 2005.

Ahora, de nuevo, la patata caliente de Sant Gregori vuelve al palacio municipal de Burriana, donde intentarán reimpulsar por segunda vez este macroproyecto.