Antonio Montiel preguntará sobre las condiciones de trabajo en FGV
El diputado Antonio Montiel hará una pregunta en el próximo pleno de Les Corts Valencianes sobre "las razones de competitividad, productividad y organización técnica que justifican las modificaciones en las jornadas de los trabajadores y trabajadoras de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana". Medidas que, según han denunciado los sindicatos ferroviarios, fueron ordenadas por la dirección de FGV, sin la preceptiva negociación colectiva.
El parlamentario de Podem recordará que el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores establece como requisito que hayan "probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción" para acordar este tipo de cambios, que afectan al descanso de los trabajadores y, por lo tanto y en última instancia a la seguridad del propio transporte y las personas que lo utilizan. Además, Antonio Montiel indagará sobre las medidas paliativas previstas para asegurar la conciliación familiar y laboral de los trabajadores.
La pregunta se hace en un contexto de conflictividad laboral en el seno de FGV, con un calendario de paros convocados que están afectando a miles de usuarios. Las conversaciones, tras un desbloqueo justo después de la reunión la semana pasada del propio Montiel y Pilar Lima, senadora y responsable del Área de Sociedad Civil de Podem con los sindicatos, se volvieron a estancar el pasado viernes hasta el punto de reanudarse el calendario de paros previstos.
Aunque el último desacuerdo se centra en las habilitaciones del personal, el trasfondo del conflicto sigue siendo el proyecto de la Ley de Seguridad Ferroviaria que, entre otras medidas, otorga amplísimos poderes a una Agencia de Seguridad Valenciana de nueva creación nombrada por el Consell y que los sindicatos creen que puede entrar en conflicto con acuerdos ya alcanzados en su día en el seno de la compañía entre trabajadores y gerencia.
Por otra parte la indefinición clara de los límites de los poderes atribuidos a la nueva Agencia vendría a facilitar enormemente, a juicio de los representantes sindicales, la capacidad de un eventual operador privado para limitar derechos laborales en el supuesto de avanzarse en la actual tendencia a la externalización de más servicios.
