Alicante manifiesta su "total rechazo a la imposición del valenciano" en la Comunitat Valenciana

El Ayuntamiento de Alicante ha expresado este miércoles su “total rechazo a la imposición lingüística del valenciano en la ciudad y la Comunidad Valenciana” por parte de la Conselleria de Educación del gobierno autonómico. El pronunciamiento del consistorio ha tenido lugar en el transcurso del Pleno ordinario de diciembre a través de una declaración institucional del equipo de gobierno (PP y Ciudadanos), que ha contado con el respaldo de Vox y el rechazo del PSOE, Compromís y Unidas-Podemos. La iniciativa ha salido adelante con 16 votos a favor y 13 en contra.

Durante la sesión plenaria también han intervenido varios representantes de asociaciones educativas, que han rechazado “la imposición de la lengua valenciana y el arrinconamiento del español”. Sonia Terrero, de la Confederación Valenciana de Apas y Ampas (Covapa), se ha pronunciado contra “el adoctrinamiento ideológico” en las aulas y ha señalado que no van a permitir “que el conseller Vicent Marzà destierre a los habitantes de la Comunidad y obligue a los padres a llevar a sus hijos a otros territorios para poder estudiar en castellano”.

“Desde la Generalitat Valenciana se está imitando el perjudicial modelo catalán de imposición de la lengua, llegando hasta el punto de que actualmente dos de cada tres colegios públicos imparten menos del 30% de clases en castellano”, sostiene la declaración institucional aprobada. “Ni en Alicante ni en ia Comunidad necesitamos una policía lingüística como la que quieren imponer desde el gobierno del Botánico, que nos vigile y que imponga la agenda catalanista en nuestra Comunidad porque nosotros defendemos el bilingüismo activo y seguiremos trabajando, desde el sentido común y la protección de la legalidad, por la cooficialidad de castellano y valenciano en esta Comunidad”, añade.

La declaración institucional del Ayuntamiento emplaza al Consell a “abandonar sus proyectos de implantación del modelo catalán en la Comunidad” y a seguir promocionando el valenciano, “pero no desde la imposición y el dogma, sino desde el respeto y la libertad de decisión”. Asimismo, reclama a los ejecutivos autonómico y central que desarrollen las acciones necesarias “para defender la educación integral de todos los alumnos en las dos lenguas oficiales de la Comunidad”.

Asimismo, insta a ambos gobiernos a retirar e impedir cualquier subvención a entidades “de marcado carácter partidista, cuyos objetivos son contribuir al señalamiento de los ciudadanos, incluidos los escolares y estudiantes, en función de la lengua que utilizan”. El Pleno del Ayuntamiento les pide igualmente que combatan de manera firme “los casos de intento de adoctrinamiento en las aulas, reforzando la Alta Inspección Educativa” y se compromete a cumplir la Constitución en la defensa “de todos los ciudadanos y sus derechos lingüísticos”.

Contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana

Por otra parte, el Pleno también ha aprobado una declaración institucional mediante la que exige al Ministerio del Interior y al Gobierno de España que no lleven a cabo la modificación propuesta de la Ley de Seguridad Ciudadana con el único y exclusivo fin de contentar a sus socios nacionalistas e independentistas para asegurar su voto en los Presupuestos Generales del Estado para 2022.

La propuesta, defendida por el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón González (PP), y el portavoz del equipo de gobierno, Antonio Manresa (Cs), han defendido la declaración que persigue evitar la impunidad de los violentos y garantizar la seguridad de los ciudadanos y de las fuerzas policiales. Al mismo tiempo, también se ha pedido que se apruebe por ley la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La declaración ha sido aprobada por 16 votos a favor del grupo Popular (9), Ciudadanos (5) y Vox (2), frente a los 13 votos en contra de PSOE (9), Unidas Podemos (2) y Compromís (2).

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante instará a todos los grupos municipales con representación en el Congreso de los Diputados a que promuevan que la modificación actualmente en trámite de la Ley de Seguridad Ciudadana no se realice en los términos anunciados por el Gobierno de España, sino que ésta sea con el objetivo de conseguir la mejora del marco normativo dedicado a proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas y garantizar la seguridad de los ciudadanos, intensificando las garantías y promoviendo una mayor eficacia, especialmente frente a las amenazas más graves así como de los derechos y seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Equiparación salarial

"No podemos respaldar la reforma de una ley que va a desproteger de facto la actuación de nuestras fuerzas de seguridad ante la delincuencia, que les deja en desventaja ante el delincuente y el delito. Esta Ley ha sido muy útil, ha permitido la lucha activa contra el terrorismo y ha protegido a los ciudadanos y a los agentes de la autoridad”, ha resaltado José Ramón González.

“En lugar de desproteger a ciudadanos y agentes, el Gobierno debería de preocuparse en llevar a cabo la equiparación salarial por ley, garantizar los compromisos retributivos para los agentes que prestan servicios en lugares como Baleares, el Campo de Gibraltar o Cataluña y endurecer las penas en los delitos contra los agentes” ha añadido Manresa.

En la declaración se denuncia que “el Gobierno de Pedro Sánchez, con tal de pagar favores a sus socios nacionalistas e independentistas, se ocupa de pretender reformar la ley para permitir manifestaciones espontáneas, permitir que se graben y difundan las intervenciones de los agentes -que es de facto una coacción- así como restarles la presunción de veracidad o que se rebajen las multas, las cuales deben de ajustarse a la ley en vigor y no a las rentas que tenga el agresor, creando así una enorme inseguridad jurídica, una vez más”.

“En vez de velar por mantener la seguridad ciudadana y proteger a los agentes que se encargan de garantizarla, con la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana lo único que pretende el gobierno es dar satisfacción a sus socios de Podemos, ERC y Bildu y seguir manteniéndose en el poder a costa de todo”, se afirma en la declaración institucional impulsada por el equipo de gobierno municipal.