Xàtiva sentenciada a pagar cerca de 250.000 euros a FCC por el contrato de recogida de RSU y limpieza de 2002 a 2012
El Tribunal Superior de Justicia de la CV desestima el recurso de apelación del Ayuntamiento i señala una mala praxis en la gestión
El Ayuntamiento de Xàtiva tendrá que hacer frente al pago de una nueva sentencia, en este caso después del procedimiento judicial interpuesto por Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (actualmente FCC Medio Ambiente), que supondrá el pago de casi 250.000 euros por la liquidación de un contrato sobre la recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en el periodo 2002-2012.
La sección quinta de la sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha decidido desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Xàtiva, así como estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por FCC que revoca el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 10 de agosto de 2015 por el cual se liquidaba el contrato de recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y limpieza, reconociendo como situación jurídica individualizada el derecho de FCC a la cantidad de 201.101,33 euros por parte del Ayuntamiento de Xàtiva, como liquidación del contrato, a la que deben sumarse los intereses correspondientes.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana señala una mala praxis en la gestión del contrato, puesto que en su exposición asegura que se desarrolló un comportamiento que vulneró la confianza entre ambas partes, y que se incurriría en incongruencia si se hubiera considerado trascendente la existencia de la modificación contractual.
«Por culpa de una mala gestión, tenemos que pagar 10 años después una sentencia condenatoria que obliga en el Ayuntamiento de Xàtiva a pagar un total de 201.000 euros, más alrededor de 47.000 euros de intereses. Es un nuevo golpe económico para la ciudad, que continúa pagando todos los desastres de la era Rus», ha declarado el concejal de Economía de Xàtiva Ignacio Reig, quien ha recalcado que «ahora tendremos que hacer un esfuerzo económico que complicará la liquidación positiva del ejercicio 2019, dado que la ejecución de la sentencia implica el pago inmediato para evitar el incremento de intereses».
