Compromís propondrá al resto de los grupos crear en el Senado una comisión de investigación sobre el fiasco del Castor

Los senadores de Compromís, Carles Mulet y Jordi Navarrete, van a promover en el Senado a los distintos grupos de la cámara la creación de una comisión especial de investigación sobre las responsabilidades que rodean al proyecto energético denominado Castor, ubicado frente a las costas de Vinaròs y los errores que han acabado frustrando un proyecto en el que se han volcado miles de millones de dinero público como consecuencia de cláusulas y normativa que ha beneficiado únicamente a las empresas promotoras de los mismos.

Para ello la coalición propondrá a las formaciones que se han significado especialmente al igual que Compromís en su contra, para rubricar una petición en este sentido, al amparo de lo establecido en el artículo 76 de la Constitución Española y del Reglamento de la Cámara "ante unas cuestiones de evidente interés público, que nos ruborizaron cuando se pagó con rapidez la compensación a la empresa concesionaria que abandonó el proyecto y que nos indignaron ayer al saberse que no se desmantelará y que sigue latente el potencial peligro para la población".

Mulet y Navarrete se preguntaron "en qué clase de país se permiten experimentos de este tipo que juegan con la seguridad de las personas, sin todos los informes necesarios y se dilapida el dinero público en un contexto de recesión tan alegremente y sin que nadie vaya a la cárcel por ello".

Así, a su juicio la comisión "debería abordar aspectos como el encarecimiento del coste del proyecto, los sobrecostes y gastos realizados sin seguir los principios de libre concurrencia como denunciaba la Comisión Nacional de la Energía; un estudio de las auditorías del proyecto, comprobación del procedimiento seguido y el estudio de la derogación de aquellas cláusulas de contratos que blindan la inversión para los promotores incluso en causas de negligencia y que están minando la capacidad económica del Estado y de los consumidores en beneficio de unas pocas empresas".

Para el grupo de senadores de Compromís "cuando tras un millar de movimientos sísmicos se paga a la empresa que ejercita su derecho a renunciar a la concesión que tenía por 30 años y se le reconoce la extinción de la concesión y son los abonados al gas quienes acaban pagando esta chapuza, es que algo no funciona bien y tenemos la obligación de cambiarlo, derogar estos peajes y cánones y evitar que se perpetren tales abusos en un futuro". Compromís también estima conveniente que la Comisión aporte con transparencia información técnica contrastada sobre cuál va ser el calendario futuro de actuaciones hasta desmantelar las plantas, se estabilice la zona y desaparezca el riesgo sísmico.