Vila-real pedirá al Gobierno que rebaje las Zonas de Bajas Emisiones

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, elevará al Pleno una propuesta para instar al Gobierno a un cambio en los criterios de aplicación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en las ciudades de más de 50.000 habitantes, una regulación que comporta restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. El alcalde, que en su día ya se pronunció a favor de una moratoria en la aplicación de la ZBE por el “daño” que esta medida puede ocasionar al comercio de los centros urbanos y al considerar “injusto que se contemplen las mismas medidas en grandes urbes como Madrid o Barcelona que en una población como Vila-real, con 52.000 habitantes”, ha decidido ir un paso más allá y presentará al Pleno una propuesta de Alcaldía en la que se instará al Gobierno central a un cambio en los criterios de implantación de las ZBE previstos en la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética.

Benlloch ha explicado que “no nos oponemos a trabajar contra el cambio climático, y la prueba es que durante la última década hemos hecho importantes avances en materia de movilidad sostenible, pero consideramos totalmente injusto el criterio de aplicación de las ZBE en ciudades de más de 50.000 habitantes, porque no se tiene en cuenta la realidad de cada municipio”. A ojos del alcalde esto supone “un grave perjuicio para las ciudades pequeñas, y en el caso de Vila-real puede ocasionar un daño tremendo al comercio local, así como a la economía doméstica y también a las arcas del Ayuntamiento”. El alcalde ha anunciado que “visto que además existen ya sentencias judiciales que ponen en duda aspectos legales de las ordenanzas que regulan la aplicación de la ZBE en ciudades como Madrid o Barcelona, y que en Vila-real no tenemos a día de hoy un problema de índices elevados de contaminación” su propuesta pasa por “solicitar al Gobierno que se establezca como criterio el mismo que en los municipios de más de 20.000 habitantes, que únicamente están obligados a regular una zona de bajas emisiones en caso de que superen los valores límite de contaminantes regulados”.

Benlloch ha insistido en los argumentos que defenderá en su petición al Gobierno,  a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. “En Vila-real contamos con algo más de un millar de comercios y prácticamente el 70% están ubicados en la zona centro de la ciudad, precisamente el área urbana en la que impactaría la aplicación de una zona de bajas emisiones”, alerta el primer edil. “Llevamos años haciendo un gran esfuerzo por promover una diversificación económica y por salvar el comercio de proximidad en Vila-real frente a la competencia de grandes superficies comerciales y urbes de mayor tamaño que están a poca distancia y no podemos permitir que todo este trabajo se acabe destruyendo por una aplicación injusta de la zona de bajas emisiones”, subraya. Al mismo tiempo, advierte que “en el caso de Vila-real tenemos además la circunstancia añadida de la ruina económica que hemos heredado de la etapa del PP, con casi 60 millones de euros pagados entre el urbanismo y la deuda, y que nos impiden hacer frente a grandes inversiones que se requieren para la aplicación de este tipo de medidas de restricción de la circulación en el centro urbano”. En este sentido, Benlloch recuerda que “aunque es cierto que hay líneas de fondos europeos para financiar este tipo de proyectos, no cubren el 100% de la inversión”.

Asimismo, Benlloch remarca que “la lucha contra el cambio climático y la aplicación de esta ley comporta muchas otras acciones desde el punto de vista de la movilidad en las que ya llevamos tiempo trabajando, como es la promoción del transporte público, con un servicio de autobús urbano gratuito que muy pocas ciudades tienen, la creación de carriles bici, la renovación del servicio de alquiler de bicicletas Vilabici, la regulación de los vehículos de movilidad personal, la flota de vehículos eléctricos de Servicios Públicos y la Policía Local o la incorporación de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible”.

“Estamos concienciados con la necesidad de reducir los gases de efecto invernadero pero hemos de ser sensibles con nuestro comercio, con la situación financiera del Ayuntamiento y con la economía doméstica de las familias, la mayoría de las cuales en este momento de inflación no pueden asumir la compra de un vehículo menos contaminante, por eso defendemos un criterio más justo en la aplicación de la ZBE que tenga en cuenta la realidad de los índices de contaminación y que no reste oportunidades de progreso a nuestra ciudad”, concluye.