Vila-real implica a los grupos de la oposición en la creación de la nueva tasa de residuos derivada de la legislación europea

El Ayuntamiento de Vila-real avanza en el cumplimiento de la normativa europea que obliga a la implantación de una tasa municipal de residuos; un proceso que el equipo de gobierno lleva a cabo de la mano de los técnicos municipales y desde la transparencia y la participación de los grupos políticos. Por este motivo, este viernes han tenido lugar en el consistorio dos reuniones de trabajo en las que han intervenido el alcalde, José Benlloch, la vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Maria Fajardo, así como técnicos municipales, concejales  del equipo de gobierno y de los grupos de PP y Vox, junto a representantes de la consultora ENT Enviroment, entidad que ha asesorado a la ciudad hermanada de Vilanova i la Geltrú en la implantación de esta tasa.

El alcalde, José Benlloch, ha recordado que la creación de esta tasa de residuos deriva de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a las entidades locales a implantarla en 2025, obligación que a su vez viene impuesta por la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018 y la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. “A partir del próximo año, todos los ayuntamientos deberán contar con esta tasa específica, diferenciada y que no puede ser deficitaria, por lo que es imprescindible que cubra el coste de la gestión y tratamiento de los residuos urbanos de la localidad, que en nuestro caso está previsto que en 2025 ascienda a 5,5 millones de euros”, explica el alcalde. El primer edil recuerda que la factura de los residuos “prácticamente se ha duplicado en los últimos 5 años, una realidad que nos pone en serios problemas económicos y que evidencia la necesidad de aplicar medidas para garantizar la sostenibilidad ambiental y la gestión económica de los ayuntamientos”.

Por este motivo, y ante la necesidad de aprobar a la mayor brevedad posible la ordenanza que regulará dicha tasa, el equipo de gobierno ha trasladado a los grupos municipales toda la información sobre el trabajo realizado por los técnicos en colaboración con la consultora ENT Environment. “Desde el gobierno local apostamos siempre por la transparencia y el consenso, y en este caso es importante ir de la mano puesto que se trata de cumplir con una obligación que nos afecta a todos los ayuntamientos”, ha subrayado la vicealcaldesa Maria Fajardo. “La tasa de residuos no entiende de colores políticos, es una obligación que nos viene impuesta desde la Unión Europea y que además persigue avanzar hacia los sistemas de pago por generación para que pague más quien más contamina”, ha señalado la vicealcaldesa.

Con todo, “teniendo en cuenta que por ahora no tenemos en todo el territorio español ningún ejemplo de aplicación de la tasa siguiendo criterios de generación, en la ordenanza hemos apostado por tomar como referencia los valores catastrales, un criterio que consideramos más justo que aplicar una tasa única”, afirma la vicealcaldesa. Fajardo ha incidido también en que “la ordenanza estará abierta a futuras modificaciones para ir caminando hacia el modelo de pago por generación”. 

De momento, en el caso de las viviendas, el padrón de la tasa se ha elaborado en base al padrón del IBI. Tal y como han explicado los técnicos, la base imponible se ha calculado en función de la superficie, puesto que está demostrada la correlación entre superficie de la vivienda y residuos generados (por ejemplo, restos de poda y jardines), y el valor catastral en diferentes tramos, con el fin de responder a criterios de capacidad económica. Para atender situaciones de vulnerabilidad económica, se contemplan reducciones a persones o familias en riesgo de exclusión social.

En el caso de los establecimientos comerciales, se ha elaborado el padrón de la tasa en base al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y en base a coeficientes establecidos según el tipo de actividad, quedando un total de 47 categorías comerciales. Las deducciones serán del 20% a aquellas empresas que dan su excedente de residuos a empresas de economía social y también se podrá ajustar e ir al pago por generación a aquellas empresas o comercios que presentan un informe auditor que certifique la generación real. Las empresas que disponen de un tratamiento de residuos propio estarán exentas.

Cabe recordar que el alcalde y la vicealcaldesa, junto a dos técnicas municipales de Medio Ambiente e Intervención, han participado también esta semana en la reunión impulsada por la entidad pública Reciplasa con representantes políticos y técnicos de los ocho ayuntamientos que forman la sociedad con el objetivo de colaborar y poner en común los criterios para la aplicación de esta tasa de residuos obligatoria a partir de 2025.