El Supremo obliga a pagar 1,1 millones por la ocupación de terrenos del José Soriano

El presupuesto del 2018 del Ayuntamiento de Vila-real tendrá que esperar. Así lo ha anunciado el alcalde, José Benlloch, tras recibir un nuevo auto del Tribunal Supremo que ratifica la obligación de pagar 1,1 millones de euros a uno de los propietarios de los terrenos donde se ubica el colegio José Soriano.

“Justo cuando lo teníamos todo preparado para aprobar los presupuestos, hace escasos días nos llegó esta resolución que nos desmonta nuevamente los cálculos para el 2018”, asegura, “después de que a finales del 2017 sufriéramos una situación similar”.  

“Una vez más, son las sentencias y obligaciones judiciales que hemos heredado del anterior gobierno popular -que durante 16 años se dedicó a jugar al Monopoly- las que ahora tenemos que gestionar quienes estamos al frente del equipo de gobierno”, lamenta.

Para Benlloch este auto es uno de los más duros y que “más vergüenza” causa al equipo de gobierno, ya que “se refiere a un vecino maltratado por el PP y que lleva ni más ni menos que desde 2004 batallando por hacer justicia y luchando contra el consistorio”.

Tal y como explica el primer edil, el terreno en el que se ubica el José Soriano estaba delimitado como zona verde escolar en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y para llevar a cabo esta previsión “se podían utilizar diversas fórmulas, bien a través de compra directa, llegando a un acuerdo con el propietario para pagarle a plazos o a través de gestión urbanística, entregándole otro solar del mismo valor a cambio”. “Después de denegarle la expropiación, diferentes sentencias le van dando la razón a este vecino, que pero el PP opta por la ocupación directa sin darle ni un euro y construye el colegio, donde debería haber un cuarto instituto, ya que justo al lado hay otro centro de primaria”, añade.

Finalmente, según argumenta Benlloch, “de los 7.000 metros marcados, 4.000 los cede la familia Soriano a través de un acuerdo y el resto se deben a tres familias distintas a las que se les ocupó su parcela, dos de ellas ya en los tribunales cuando llegamos al equipo de gobierno”. “Con una llegamos a un acuerdo para pagarle 900.000 euros en cuatro años, ahorrando una importante cantidad, pero con este vecino es imposible, ya que tiene claro que quiere llegar hasta la última instancia, algo que comprendemos”.

En total, de los 1,3 millones que solicita, la valoración del jurado de expropiación determina que deben ser 1.130.000 euros. “El problema está ahora en saber a cuánto ascienden los intereses, ya que son muchos los años que lleva esta persona en litigios y es algo que tenemos que saber antes de dar un paso en los presupuestos”, aclara.

Así, una vez se sepa cuál es la cantidad final que se debe abonar, el equipo de gobierno tomará una decisión y tendrá que volver a cuadrar los presupuestos. “Si no tenemos margen, tendremos que quitar más de un millón de euros destinados a otras cuestiones para hacer frente a esta resolución”. “Me encantaría tener los presupuestos y poner en marcha multitud de proyectos de futuro que la ciudad necesita, pero dedicamos una gran parte de nuestro tiempo a gestionar un pasado que no merecemos”, indica.

Benlloch afirma que “la gente no tiene la culpa de que se hayan hecho tan mal las cosas, pero por desgracia vamos a tener que hablar durante mucho tiempo de la herencia recibida, aunque a la oposición le moleste”. “El problema de Vila-real es el PP, ahora nosotros pagamos las consecuencias de las fotos que algunos se hicieron y lo que se ha hecho es muy grave, pero con una gestión responsable lo podemos solucionar”, concluye.