El riesgo urbanístico por aprovechamientos de la gestión del PP amenaza ya al Ayuntamiento con 21,5 millones de euros
El riesgo derivado de las operaciones urbanísticas de los últimos años de gobierno del Partido Popular en Vila-real amenaza en estos momentos al Ayuntamiento con pagos de cerca de 21,5 millones de euros. La cantidad corresponde a las reclamaciones presentadas por un total de 18 propietarios que, en la actualidad, estudia el Jurado de Expropiación de Castellón, aunque el riesgo podría ascender a 80 millones de euros, según los datos de la auditoría encargada por el gobierno municipal en 2011.
El alcalde de la ciudad, José Benlloch, ha dado a conocer esta mañana esta nueva “bomba urbanística” que amenaza las arcas municipales, que, avanza, intentará gestionar “buscando acuerdos con los propietarios para reducir las cantidades” y con los instrumentos que ofrece la nueva ley urbanística valenciana (LOTUV). “En los años en los que algunos ataban los perros con longanizas y tiraban con pólvora de rey, el PP se dedicó a malgastar y despilfarrar, sin gestionar el plan general y haciendo que los vecinos aceptaran reservas de aprovechamiento por sus tierras en lugar de pagarles lo que tocaba y a pesar de saber que era absolutamente inviable”, denuncia el primer edil. “Y era inviable”, puntualiza, “porque si todas las reservas de aprovechamiento que hicieron se materializaran Vila-real tendría que multiplicarse por tres”. “Vendían la luna, porque todo ese aprovechamiento no cabe en la ciudad si no construimos tres barrios como el del Hospital con rascacielos y pisos de 10 alturas”, incide el alcalde, quien explica que los propietarios que no ven materializada la reserva en un determinado tiempo tienen derecho a reclamar su pago en dinero en lugar de terrenos.
Fruto de esta gestión, la auditoría urbanística elaborada en 2011 revela que existe en el Ayuntamiento un riesgo de 80 millones de euros que podrían ser reclamados por los propietarios. De ellos, tal como ha revelado hoy Benlloch, en la actualidad existen reclamaciones en el Jurado de Expropiación por valor de 21.491.079 euros que se estima que se resolverán en el plazo aproximado de un mes. “Vamos a seguir trabajando por proteger los intereses de todos los vecinos y vecinas; pero en este caso la discusión está en las cantidades no en el derecho a cobrar”, puntualiza.
Entre los casos encima de la mesa del Jurado de Expropiación se encuentran operaciones como la del jardín de Jaume I, “por el que el PP no pagó ni euro”. En este caso, las reclamaciones presentadas ascienden a unos 4,8 millones de euros, si bien la estimación de la cantidad total que podría ser reclamada por esta actuación alcanza los 7 millones. Otro de los ejemplos es la ocupación de terrenos para la prolongación de la avenida Francia, según Benlloch, “la ilegalidad más gorda que se ha hecho en Vila-real”, por la que existen reclamaciones por valor de 990.000 euros. También la urbanización de la carretera de Onda, con 629.000 euros reclamados, forma parte del paquete que estudia el Jurado de Expropiación.
“Intentaremos llegar a acuerdos con los propietarios, con los instrumentos que, ahora sí, tenemos gracias a la LOTUV para que esta bomba de los aprovechamientos afecte lo menos posible a los ciudadanos. Es la única solución que tenemos de momento, aunque debemos advertir también que puede que no sea definitiva”, concluye el alcalde.
