Una nueva sentencia condena a Vila-real a pagar 1,1 millones de euros
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado al Ayuntamiento de Vila-real a pagar 1.130.954 euros más los intereses que se derivan desde 2009 por la ocupación directa de una parte del terreno que en la actualidad ocupa el colegio público José Soriano.
Así lo ha anunciado el alcalde, José Benlloch, que ha recordado “el espacio en el que se ubica el centro educativo estaba dividido en tres parcelas correspondientes a tres propietarios distintos, con dos de los cuales ya llegamos a acuerdos en su día y tan solo faltaba esta parte, con la que no se pudo negociar y que decidió acogerse a su derecho a llegar hasta el final en los tribunales”. “El TSJCV le ha dado la razón a este propietario y ahora, ocho años después, recibimos el impacto de un nuevo fallo que recoge términos tan graves como expropiación encubierta sin pagar o permuta a la fuerza”, apunta.
“Seguimos pagando la política urbanística de monopoly que practicaba el Partido Popular, una herencia envenenada que vamos a seguir gestionando para evitar que sea un lastre para el avance de la ciudad”, ha asegurado y añade que “por desgracia, ya tenemos demasiada experiencia en recibir malas noticias sobre urbanismo, fruto de una nefasta gestión del PP basada en construir sin pagar, en despilfarros e ilegalidades”.
No obstante, Benlloch explica que tanto el propietario como el Ayuntamiento “están en su derecho de defenderse” y ha anunciado que “vamos a intentar agotar todos los instrumentos legales a nuestro alcance”. En estos momentos, tan solo queda la opción de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, “y lo haremos, una vez estudien nuestros abogados las posibilidades que tenemos, ya que es un tema muy complicado”.
Sin embargo, el primer edil no cierra la puerta a una negociación. “El propietario está muy dolido con el Ayuntamiento y nunca ha querido negociar nada y lo comprendemos, pero confío en el poder de la palabra y en que algún día podamos dialogar y solucionarlo de la mejor manera posible para todos, al igual que ocurrió con otro propietario del mismo solar, que finalmente aceptó una rebaja en el precio y el pago en varias anualidades y como ya hemos hecho en otros casos similares”, indica.
Tal y como ha detallado el alcalde, la sentencia es del 31 de marzo, aunque “la hemos recibido estos días y hoy mismo ha pasado por una junta urgente y la hemos remitido a los abogados para que la estudien”. “Vamos a seguir defendiendo los intereses de la ciudad en todo momento”, expresa Benlloch, quien lamenta que “por culpa de estos empastres y el riesgo que suponen, conseguir el equilibrio siempre será complicado”.
