La justicia obliga al Ayuntamiento al pago inmediato de 856.000 euros por terrenos ocupados por el PP para construir el CTE
Antes incluso de constituir formalmente toda la estructura del nuevo consistorio, el Ayuntamiento de Vila-real deberá hacer frente al pago de otros 856.727 euros derivados de la gestión urbanística del PP. Se trata de la cantidad valorada por el gobierno municipal en el expediente de expropiación de unos terrenos de 5.500 metros cuadrados anexos al Centro de Tecnificación Deportiva por los que el propietario reclama 2.782.025 euros y cifrados por el Jurado de Expropiación en 1.366.451 euros. El alcalde, José Benlloch, ha dado a conocer esta mañana el fallo judicial, recibido el pasado viernes, que obliga al consistorio a hacer frente al pago inmediato de la cantidad fuera de discusión –los 856.000 euros de valoración municipal-, que podría derivar incluso en responsabilidades personales sobre el acalde de no abonarse.
“Todavía no estamos formalmente constituidos con la nueva corporación y ya hemos recibido un nuevo mazazo judicial por la herencia urbanística del PP, que viene a sumarse a los 25 millones que hemos pagado ya, en datos de la auditoría, o los más de tres millones de euros anuales que pagamos por el préstamo de 20 millones suscrito por los populares”, lamenta Benlloch. Este nuevo “golpe” se refiere a unos terrenos particulares de 5.556 metros que se ocuparon en su día, pasándolos de industrial a deportivo, para poder construir el CTD y vallar el recinto. Un “monstruo” de 28 millones de euros que nació con graves problemas, como la falta de accesos y servicios, la ausencia de una plan de viabilidad o la construcción del edificio en el solar delimitado hasta entonces para el futuro cuarto instituto de la ciudad. A estos problemas, se añade la recalificación y ocupación de suelo que ha dado lugar a este nuevo fallo judicial.
“A este propietario no se le pagó nada y se le imposibilitó el desarrollo industrial de sus terrenos”, recuerda el alcalde, quien incide en que “en ningún caso se cuestiona el derecho de este propietario a cobra; lo que está en discusión es la cantidad”. “A pesar de los intentos de llegar a un acuerdo con este propietario, finalmente nos llevó al juzgado para defender sus derechos”, explica. Frente a la reclamación inicial de 2,8 millones y la valoración municipal de 856.000 euros, el Jurado de Expropiación ha estimado finalmente la parcela en 1,3 millones, cantidad que el consistorio ha recurrido. Sin embargo, detalla Benlloch, el propietario ha acudido también a la vía contencioso-administrativa, que ha dictado auto en el que obliga al consistorio a abonar de manera inmediata la cantidad que no está bajo discusión, a pesar de los recursos municipales.
Para poder frente a este nuevo “mazazo”, que podría derivar incluso en responsabilidad personal sobre el patrimonio del propio alcalde, será necesario solicitar un préstamo. “Afortunadamente, hemos rebajado el endeudamiento hasta el 60% y podemos hacerlo, aunque habríamos preferido poder incorporar este pago al próximo presupuesto”, señala Benlloch, quien advierte que en todo caso, el abono de esta cantidad en los 10 días que establece el juez es “materialmente imposible” debido a los plazos administrativos para la solicitud de un préstamo.
“La primera gestión que vamos a tener que hacer la nueva corporación será justamente solicitar un nuevo préstamo para hacer frente a los empastres del Partido Popular. Lamentablemente, tememos que no será el único “mazazo” al que tengamos que hacer frente este verano”, lamenta el alcalde.
