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CASO PIAF

Caso Piaf: El Supremo confirma 8 años de inhabilitación al ex alcalde de Vila-real, Juan José Rubert

Caso Piaf: El Supremo confirma 8 años de inhabilitación al ex alcalde de Vila-real, Juan José Rubert (Archivo)
Caso Piaf: El Supremo confirma 8 años de inhabilitación al ex alcalde de Vila-real, Juan José Rubert (Archivo)
  • También condena a siete años de inhabilitación al concejal Ramón Tomás Céspedes pero absuelve al tercer condenado, el empresario Antonio Pons

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 8 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público al exalcalde de Vila-real, el popular Juan José Rubert Nebot por delito continuado de prevaricación administrativa, en comisión por omisión, por la adjudicación de dos obras sin seguir procedimiento alguno de contratación y licitación pública, y con troceamiento de facturas para no superar los 30.000 euros.

Asimismo, ratifica 7 años de inhabilitación especial al concejal delegado Ramón Tomás Céspedes por un delito de prevaricación administrativa. Sin embargo, absuelve al tercer condenado en la misma causa, el empresario Antonio P.D., que había sido condenado como cooperador necesario de la prevaricación, debido a la absoluta falta de mención en los hechos probados de cuál fue su grado de participación en los hechos como representante de la empresa.

Respecto a Rubert Nebot, que era alcalde de la localidad en el momento de los hechos, se rechaza su recurso y se destaca que su función era la de garante, por lo que tenía obligación de actuar y no lo hizo cuando sabía lo que estaba pasando troceándose facturas para no ir a la licitación pública de contratos y adjudicándolos directamente a la misma empresa.

Cabe recordar que el caso Piaf se destapó en 2011, al tiempo de llegar Benlloch a la alcaldía, cuando salieron a la luz facturas de Piaf que no se correspondían con trabajos realizados ni acreditados. El nuevo alcalde rechazó el pago de esas facturas, que fueron enviadas ya estando en funciones el Rubert Nebot, evitando así "el desembolso de las arcas públicas de 600.000 euros en facturas falsas", según el Ayuntamiento.

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