"Autoodio y retroceso": Vila-real denuncia el borrador lingüístico de la Conselleria de Educación
La concejala Anna Vicens advierte del impacto negativo en la protección del valenciano como lengua minorizada.
El Consell Escolar Municipal de Vila-real ha manifestado su rechazo a la propuesta de la Conselleria d’Educació de convocar una consulta a los representantes legales del alumnado para determinar la lengua base de enseñanza a partir del curso académico 2025-2026. Esta postura, presentada formalmente por FAMPA Castelló Penyagolosa, entidad mayoritaria de las familias de la escuela pública en las comarcas de Castelló, se fundamenta en la preocupación de que la medida vulnera la Ley de uso y enseñanza del valenciano y pone en riesgo los derechos lingüísticos y educativos del alumnado.
Según el borrador de resolución, las familias serán consultadas para elegir la lengua base de enseñanza, pero este procedimiento presenta graves carencias. Entre las críticas destacadas por el Consell Escolar Municipal y FAMPA Castelló Penyagolosa se encuentra el hecho de que la medida no garantiza plazas en la lengua elegida, lo que podría vulnerar tanto la propia Ley de Libertad Educativa como la Ley de uso y enseñanza del valenciano. Asimismo, el borrador establece que, en caso de no haber plazas suficientes, será el centro educativo quien decida el destino del alumnado, dejando a las familias sin garantías claras.
La concejala de Educación de Vila-real, Anna Vicens, ha subrayado que “la propuesta de la Conselleria no asegura la protección del valenciano como lengua minorizada, un aspecto esencial recogido en el artículo 6.5 del Estatuto de Autonomía, que estipula la necesidad de otorgar una protección especial al valenciano.” Vicens también ha recordado que esta medida puede generar desigualdades pedagógicas en los centros con varias líneas lingüísticas, dificultando la mezcla de alumnado y la consecución de una formación igualitaria.
El texto también denuncia otras carencias, como la inexistencia de mecanismos para corregir errores en la elección, la falta de garantías democráticas en el procedimiento y la vulneración de la privacidad de las familias. “La administración no ha establecido sistemas de supervisión o quorums de participación, ni tampoco ha asegurado la privacidad de las decisiones familiares, lo que supone un grave retroceso en derechos”, ha afirmado la concejala Vicens.
Además, el Consell Escolar Municipal pone en duda la viabilidad logística y económica de la medida. En caso de adoptarse, sería necesario duplicar recursos como libros de texto, especialmente en el marco del programa Xarxa Llibres. Asimismo, se plantean dudas sobre el derecho del alumnado a elegir la lengua de los exámenes.
En este contexto, el Consell Escolar también alerta sobre la falta de una visión pedagógica adecuada en el modelo propuesto. Se pregunta cómo se garantizarán las condiciones óptimas de enseñanza en centros con líneas lingüísticas diferenciadas y qué pasará con la cohesión educativa, especialmente en casos particulares como familias con gemelos que quieran separarlos por razones pedagógicas.
Finalmente, el Consell Escolar Municipal remarca que esta resolución atenta contra los preceptos de la LOMLOE, que garantiza la competencia plurilingüe del alumnado en igualdad de condiciones. “No podemos aceptar un modelo que pone en peligro la igualdad de oportunidades educativas y el derecho a una educación de calidad en las dos lenguas oficiales. El borrador presentado por la Conselleria d’Educació del Govern del señor Mazón es una muestra clara del autoodio hacia nuestros rasgos identitarios y una estrategia premeditada para atacar nuestra lengua y cultura diferenciadas. El Partido Popular de Mazón continúa promoviendo políticas que pretenden desmantelar nuestro patrimonio lingüístico y poner obstáculos a la normalización del valenciano. Pero debemos ser claros: si nuestra lengua ha sobrevivido a siglos de ataques y persecuciones, no caerá ahora. El valenciano sigue vivo, fuerte y combativo.”
Así, desde el Consell Escolar Municipal se solicita la retirada inmediata del borrador de resolución y la apertura de un diálogo real con la comunidad educativa para garantizar un sistema que respete los derechos lingüísticos, pedagógicos y democráticos.