Una auditoría confirma que el gobierno de progreso de Vila-real ha actuado con prudencia y responsabilidad ante el PAI Madrigal
El Ayuntamiento de Vila-real sigue arrastrando todo tipo de problemas derivados de la gestión urbanística de los últimos 16 años de gobierno del PP y, una vez más, una nueva auditoría centrada en los Programas de Actuación Urbanística (PAI) confirma que el equipo de gobierno de progreso, desde 2011, ha actuado con prudencia y responsabilidad, especialmente en el caso concreto del PAI Madrigal.
El alcalde, José Benlloch, ha asegurado que “el tema de los PAI es muy delicado, porque antes se jugaba a un desarrollo del territorio depredador y de casino y nosotros, al llegar al gobierno en 2011, tuvimos que tomar decisiones para dar una solución a muchos empastres heredados, ya que nos podían causar muchas dificultades para el futuro”.
Así, destaca que “hemos ido actuando en todo lo que hemos podido, a veces pagando sentencias, otras llegando a pactos y resolviendo contratos, pero hay tres PAI que no hemos querido caducar, porque a pesar de que la crisis llevó a su paralización, creemos que son necesarios”. Se refiere al Espai la Vila (frente a Porcelanosa), el entorno industrial de la Carretera de Onda y el PAI Madrigal. Este último es el que surgió en el año 2000 para convertir esta zona, tradicionalmente de masets, en área residencial para aquellas personas que viven todo el año, dotándola de los servicios adecuados, como alumbrado, alcantarillado o aceras. “Tras adjudicarlo a una empresa privada para que cobrara las cuotas a los propietarios y se encargara de la urbanización, en 2005, momento en el que debería estar todo acabado, el Ayuntamiento, en aquel momento capitaneado por Manuel Vilanova (PP) decidió dejar pasar el tiempo y no resolver el contrato, a pesar de que no se había hecho toda la obra”, indica Benlloch. En este sentido, recuerda que las empresas encargadas de los trabajos ya no existen y que “en 2011 intentamos contactar con ellas y sus administradores concursales, pero la situación de inseguridad de aquel momento, en plena crisis, nos obligó a actuar con prudencia”. “Podríamos haber retomado el contrato, que los vecinos y el Ayuntamiento hubieran pagado las cuotas y que las empresas hubieran desaparecido del mapa y nos quedáramos sin dinero y sin obras”, afirma.
Además, señala que numerosas empresas se han ido pasando los derechos de urbanización y recuerda que en 2013 una sociedad lo compra todo e informa al Ayuntamiento. “Vuelve a generarse una situación de inseguridad por los problemas de la empresa, que nombra a un liquidador y nuestro objetivo era nuevamente evitar que la gente pagara para nada”, explica. Por este motivo, Benlloch destaca que “la auditoría nos da la razón y afirma que hemos actuado de manera lógica y prudente”. No obstante, la empresa “emprende una guerra contra nosotros y en 2016 plantea una reclamación exigiendo que pasemos las cuotas y decidimos no hacerlo”. “En ese momento me demandan y, ahora puedo decirlo públicamente: he tenido que ir al juzgado a defender los intereses del Ayuntamiento y de los propietarios y se nos ha dado la razón”, manifiesta el primer edil.
Sin embargo, “y aunque nos hemos sentado a dialogar con la empresa, sigue insistiendo en el cobro de las cuotas, llegando incluso a interponer alegaciones en el presupuesto de 2018, algo que se desestimó en base a diferentes argumentos jurídicos”. Así, Benlloch reivindica que “hasta que no esté todo claro no vamos a dar ni un paso”. En este sentido, explica que actualmente existen dos posibilidades para el desbloqueo de la situación: negociar con el urbanizador para redefinir el acuerdo o resolver el programa y sacar uno nuevo, “aunque nos podrían demandar e iniciar nuevos pleitos”. “A menos de dos meses de las elecciones no me corresponde a mí tomar ninguna decisión”, manifiesta el primer edil, “ahora mismo parece que hay solución, pero deberá ser la próxima corporación la que tome las decisiones pertinentes”. “Yo me quedo con la conciencia tranquila”, apunta y anuncia que “en breve convocaré una reunión de trabajo sobre la auditoría con las personas afectadas para informar de todo”.
