Valencia quiere luchar contra el acoso escolar desde las aulas

El Ayuntamiento de València ha condenado «enérgicamente» los discursos de odio, que «constituyen la principal causa de acoso entre los jóvenes del Estado español», e informará, a través de sus redes sociales propias de aquellas herramientas municipales al alcance de los jóvenes que estén sufriendo una situación de acoso, según ha acordado hoy el Pleno, con el voto de todos los grupos políticos, salvo el de los dos concejales de Vox.

Conforme a esta propuesta, explicada en el Hemiciclo por la concejala Delegada de Igualdad y Políticas de Género y LGTBI, Lucia Beamud, el  Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Educación continuará programando y ofreciendo en los centros de juventud recursos educativos como son los talleres «Acoso Escolar Y» y «Acoso Escolar II», «para poder fomentar el conocimiento y respecto a la diversidad sexual, familiar y de género en las aulas al objeto de mejorar la convivencia y combatir el acoso».

Asimismo, el Ayuntamiento, que a través de  la Concejalía de Igualdad y Políticas de Género y LGTBI, impulsa el taller «Diversidad sexual, familiar y de género»,  instará a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública «para continuar trabajando conjuntamente para desterrar el acoso de nuestras aulas».

Este acuerdo se ha aprobado como alternativa a la moción defendida por el portavoz del Grupo Municipal Vox, José Gosálbez, quien ha solicitado «que el Ayuntamiento se implique con la puesta en marcha de nuevas iniciativas a través de las nuevas tecnologías que contribuyan a paliar el acoso escolar». Concretamente, ha instado a «que se proponga a los menores que se agreguen a una cuenta de Instagram municipal contra el acoso y el ciberbullying y se les explique que a través de la misma, podrán comunicar cualquier situación de acoso que estén viviendo o de la que tengan conocimiento». El concejal de Ciudadanos Javier Copoví, que ha manifestado «la preocupación de su grupo por cualquier tipo de acoso escolar,  ha considerado que las medidas, valoradas por profesionales, tienen que contar con el respaldo de las administraciones». En la misma línea se ha manifestado la concejala popular Marta Torrado, quien  ha explicado que el PP respalda la propuesta de Vox «porque la voluntad de su grupo es fomentar la tolerancia cero hacia la violencia y supuestos de acoso y ciberacoso».

Lucía Beamud ha considerado que el acoso escolar incide en la salud y en el rendimiento académico, pero ha resalado que para paliar este problema hay que atajar las causas, tal como informan las entidades defensoras de los derechos humanos porque, ha asegurado: «Hablar de la política de acoso sin hablar de las causes es hipocresía, porque el racismo y la LGTBfobia matan».

SUPERACIÓN DE PRÁCTICAS CORRUPTAS

Entre otros asuntos, el Pleno también ha acordado «la voluntad del Ayuntamiento de referenciarse como ejemplo de la superación de las prácticas corruptas en un proceso que está siendo compartido con la percepción ciudadana», y ha condenado «cualquier tipo de práctica corrupta, especialmente aquellas que afectaron a nuestra ciudad, y declarar su compromiso público contra estas».

Esta moción se ha aprobado como alternativa a la propuesta del portavoz de Vox, José Gosálbez, «de reprobar al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por su responsabilidad política en los hechos que han sido objeto de condena penal por la Audiencia Provincial de Sevilla en el denominado “caso de los ERE”».

En esta moción Vox también ha solicitado que el Ayuntamiento «acuerde instar al Grupo Municipal Socialista que, en nombre del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pida perdón a todos los valencianos por la conducta del citado Partido amparando a los ex altos cargos socialistas condenados penalmente, y que el PSOE se comprometa a la devolución a los andaluces del importe de 680 millones de euros malversados por los ex altos cargos socialistas condenados». El concejal de Ciudadanos Rafael Pardo, que ha considerado que el Pleno del Ayuntamiento no tiene competencia para tratar este asunto, ha coincidido al considerar «la responsabilidad de los responsables del PSOE de ese momento, si bien la petición de perdón se tendría que hacer extensible a toda la ciudadanía española». Por su parte, la concejala María José Ferrer (Partido Popular), que ha iniciado su intervención, agradeciendo la labor que ha desarrollado el PSOE para asentar la democracia española, ha solicitado «que se pida perdón».

La videalcaldesa, portavoz del Gobierno Local, y concejala socialista, Sandra Gómez, ha reconocido el deber de servicio de las administraciones, y ha lamentado el dolor que le provocan aquellos hechos que ensucian a su partido. Si bien, ha resaltado, «la sentencia especifica que en este caso lo que hubo fue una mala praxis de cargos intermedios y, por supuesto, no consistió en ninguna financiación il·legal», y ha reiterado la necesidad de condenar «cualquier tipo de práctica corrupta, especialmente aquellas que afectaron a nuestra ciudad como Taula o Gürtel».

ORDENAMIENTO JURÍDICO

En el turno de mociones también se ha debatido, y rechazado finalmente, la propuesta del portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, «para que el Ayuntamiento muestre su apoyo y respeto al ordenamiento jurídico español y a todos los órganos constitucionales, incluidos la Jefatura del Estado y, asimismo, inste al grupo parlamentario EH-Bildu para que su portavoz se retracte de las palabras que, contra la Corona y nuestra democracia, profirió en el Pleno de investidura del pasado 5 de enero de 2020».

En este punto, el concejal José Gosálbez de Vox, que ha manifestado su «compromiso con todas las fuerzas del Estado, y su lealtad al Rey y a la Constitución»,  ha resaltado «la importancia de trabajar unidos por la gobernabilidad de España». En representación de los populares, la concejala María José Ferrer, que se ha manifestado «atónita ante los últimos acontecimientos políticos que protagoniza el gobierno estatal», ha solicitado que el gobierno local «haga oír su voz en los órganos internos de sus partidos para volver al orden de un estado social y de derecho».

Por su parte, la vicealcaldesa del Gobierno Local, Sandra Gómez, ha recordado que la Constitución «es un marco de convivencia que los grupos municipales de la oposición parecen olvidar», y que este marco «se debilita con posiciones separatistas, como las de los políticos que quieren vivir del conflicto territorial». Por último, Sandra Gómez ha aludido «al valor que defiende la Constitución como fundamental y es el pluralismo político«, y ha defendido el derecho fundamental de la libertad de expresión».

LA LEY DEL PLURILINGÜISMO

Finalmente, el Pleno ha rechazado una propuesta planteada por el Grupo Municipal Vox por la que pretendía que el Ayuntamiento instara a les Corts Valencianes a retirar el Decreto de Plurilingüismo (Ley 4/2018 de 21 de febrero de la Generalitat). El concejal de Vox Vicente Montáñez ha defendido su propuesta asegurando que «la inmersión lingüística atenta contra la igualdad de los valencianos».

PP y Ciudadanos, pese a que se han abstenido en la votación, han mostrado también su rechazo por esta normativa que, en palabras de la concejala de Ciudadanos Amparo Picó «permite hacer experimentos con los hijos, no es inclusiva y aboca al fracaso escolar». La concejala popular Julia Climent ha asegurado, por su parte, que le ley  «fuerza al uso del valenciano e impide la libertad de elección».

La concejala de Educación, Maite Ibáñez, que ha argumentado el rechazo del Gobierno Municipal a la propuesta y ha calificado el tema de «batalla política de otro tiempo», ha asegurado que «el conflicto que plantea Vox es inexistente en las aulas, puesto no hay ni una sola mención en el Consejo Escolar Municipal ni en los consejos de los centros». Ha afirmado también que «el asunto no genera inquietud ni en el alumnado ni en los gestores de la escuela pública ni privada», y que el modelo se fundamenta sobre «los estudios sobre plurilingüismo que proponen las universidades valencianas y que mejoran las posibilidades vitales y laborales del alumnado, como en el resto de países de Europa».