València presenta una propuesta de ley para financiar el transporte público
La Concejalía de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València, juntamente con las de las ciudades de Madrid, Barcelona, Zaragoza y A Coruña se reunirán el próximo 24 de enero en nuestra ciudad para presentar el anteproyecto de ley que han preparado para lograr una financiación del transporte público por parte del Estado.
Las personas responsables de las competencias en Movilidad de las citadas capitales presentarán este anteproyecto de ley, que tiene por objetivo regular la financiación del servicio público de transporte colectivo urbano y metropolitano. Los entes municipales responden así a la propuesta apoyada de manera unánime por todos los grupos en la Comisión de Fomento el pasado mes de septiembre, y que instaba al Gobierno a crear en el plazo de seis meses una mesa que analizase la financiación del transporte público urbano. Este documento, consensuado entre los Ayuntamientos de València, Madrid, Barcelona, A Coruña y Zaragoza, «debe ser el punto de partida para buscar una unanimidad en el arco parlamentario sobre un asunto que debe estar por encima de cuestiones partidistas», tal como aseguran sus promotores.
Con la ley se busca tener un marco normativo que regule el traspaso de recursos a las entidades locales competentes en materia de transporte urbano y metropolitano, recogiendo obligaciones derivadas del traspaso, orientadas a maximizar una movilidad ambientalmente sostenible, integrada, intermodal, interoperable, segura, tecnológicamente avanzada y con los más elevados estándares de calidad para los ciudadanos.
De manera paralela, se busca garantizar la reducción de emisiones de efecto invernadero derivado de la movilidad urbana en vehículos privados a motor de combustión, coadyuvando así con los compromisos adquiridos por el Estado Español con la ratificación del Acuerdo de París; y en concreto, no sobrepasar el límite de 1,5ºC del calentamiento global.
El anteproyecto se presentará en la primera fase de plena tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, aunque sus responsables han querido dejar claro que el espíritu de la ley «es el de dotar de estabilidad y suficiencia a las cuentas de los operadores del sector, garantizando un mínimo suficiente independiente de los cambalaches presupuestarios».
