València firma una declaración municipalista a favor de una contratación pública sostenible
El Ayuntamiento de València, mediante el concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo, ha firmado esta mañana en Barcelona una declaración municipalista para promocionar la contratación pública responsable. Junto con el concejal valenciano han firmado la declaración, en representación de otros cuatro municipios: el primer teniente de la alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello; el conejal del área de Gobierno, Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez; la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, y el primer teniente de la alcaldía del Ayuntamiento de Sabadell, Joan Berlanga. Además se han añadido los ayuntamientos de Sevilla, Pamplona y Badalona.
El concejal Sergi Campillo ha destacado la importancia de esta declaración y la transversalidad de los municipios que la han firmado, con partidos políticos y coaliciones varios al frente. "Desde el Govern de la Nau queremos poner en valor la apuesta de Valencia para que el precio no sea tan determinante en la contratación y dar importancia a cláusulas sociales, éticas y medioambientales", ha explicado.
En este sentido, Campillo ha recordado que en València las empresas que desean contratar con el Ayuntamiento tienen que aplicar algunas condiciones desde que el año pasado el Govern de la Nau acordara la aplicación de toda una serie de cláusulas contractuales, como por ejemplo la necesidad de planes de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el respecto a la igualdad de trato y oportunidades, el uso de lenguaje no sexista, la especial atención al fomento de la ocupación en colectivos como los mayores de 45 años y los parados de larga duración, etc. "El objetivo fundamental es que haya un cambio en las relaciones con las empresas porque el Ayuntamiento exige unos criterios y normas nuevos", ha afirmado el concejal.
Las ciudades firmantes denuncian que el proyecto de ley de contratos del sector público que ha presentado el gobierno central no garantiza la contratación pública responsable, eficiente, íntegra, transparente y sostenible. En contraposición, con esta declaración conjunta se apuesta por la promoción de la contratación pública responsable, que impulse el tejido productivo local, dando acceso a las pequeñas y medianas empresas y promoviendo la economía social y las empresas responsables tanto desde un punto de vista social como ambiental. Plantean la necesidad de una contratación pública que sea transparente, que se pueda fiscalizar, que penalice las malas prácticas empresariales y contribuya a un marco de competencia donde la contratación pública se base en la calidad, el valor social y la eficiencia y no en la precariedad laboral y las prácticas insostenibles.
Los municipios firmantes han destacado que en los últimos años el potencial de la contratación pública ha sido mal aprovechado, generando en algunos casos impactes negativos. "El criterio económico siempre ha sido lo principal, sin considerar la importancia que tienen las consideraciones de carácter laboral, social, ambiental o de igualdad de género, por ejemplo", ha reiterado Campillo.
El texto de la declaración municipalista expone que existen dos instrumentos legales para atender a estos retos, como por ejemplo la Declaración del 25 de septiembre de 2015 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Agenda 2030 por el desarrollo sostenible) y la directiva europea 24/2014 de contratación pública, pendiente de transposición al Estado.
La declaración denuncia que el gobierno central ha presentado a las Cortes Generales un proyecto de ley de contratos del sector público que, entre otros temas, no define nuevos procedimientos de contratación ágiles y eficientes, recorta avances que suponía la norma europea y no facilita el marco legal necesario para desarrollar una contratación pública responsable.
Para los municipios firmantes ésta es una oportunidad que hay que aprovechar para generar marcos legales que permitan hacer de la contratación pública una herramienta de transformación social y económica y una muestra más de cómo se está materializando en ayuntamientos diversos, con gobiernos diferentes, un nuevo e innovador paradigma de contratación como política pública estratégica y coherente con el mandato de la directiva europea.
En este sentido, las ciudades que han firmado hoy la declaración, la abren al resto de municipios interesados en adherirse.
