Los socialistas lanzan una batería de propuestas para asegurar el derecho a la vivienda

El portavoz socialista Borja Sanjuan ha anunciado esta mañana una batería de propuestas al próximo pleno para que el gobierno de Catalá “tome de una vez cartas en el asunto y empiece a tomar medidas para resolver la enorme crisis del acceso de la vivienda que está atravesando la ciudad ante la inactividad del Ayuntamiento”. Entre las medidas que el Grupo Municipal Socialista va a poner encima de la mesa figuran la aplicación de la Ley de Vivienda y la declaración de la ciudad como zona tensionada, la modificación del Plan General para prohibir completamente que las viviendas y bajos comerciales puedan utilizarse como alojamientos turísticos, prohibir la compra especulativa en zonas tensionadas o exigir a Mazón que la Vivienda de Protección Pública lo sea para siempre y no se pueda privatizar. Sanjuan ha realizado estas manifestaciones minutos antes de iniciar una campaña informativa en Benicalap sobre el boicot de Catalá a la ley de vivienda.

“València está sufriendo una de las mayores crisis sobre el acceso a la vivienda y su gobierno municipal no está haciendo absolutamente nada para atajarla. Por eso, vamos a presentar una moción para obligar a Catalá a tomar medidas inmediatamente como la aplicación de la ley de vivienda con la declaración de toda la ciudad como zona tensionada. Por culpa del empeño de Catalá, València está siendo la ciudad donde más está subiendo el precio del alquiler mientras en otras comunidades como en Cataluña, que sí que aplica la ley, se han reducido un 5%”, ha defendido.

En segundo lugar, el portavoz socialista ha lamentado que el portavoz del PP en el consistorio se dedique a difundir bulos sobre los apartamentos turísticos, un tipo de alojamiento que se ha disparado con el gobierno de Catalá. “Mientras el gobierno progresista aplicó medidas restrictivas que redujeron la proliferación de apartamentos, desde que Catalá llegó al Ayuntamiento volvieron a multiplicarse. De hecho, cada mes del PP en el gobierno se incrementaron en 126. Que uno de cada cuatro apartamentos turísticos en la ciudad hayan aparecido en su primer año demuestra que los especuladores han visto con Catalá la oportunidad de hacer negocio”, ha manifestado.

En este sentido, ha recordado que el gobierno del PP y Vox dilataron durante más de un año la aplicación de la moratoria contra los apartamentos turísticos que redactaron los socialistas desde Urbanismo. “Tuvo parada la moratoria porque quería dar tiempo a que los especuladores pudieran hacer negocio y por eso hay hoy en València más de 11.000 apartamentos. Porque el PP lo ha querido así”, ha recalcado. Ante esta situación ha propuesto una modificación del PGOU para prohibir expresamente los apartamentos turísticos en viviendas y bajos comerciales. “Con el problema tan grande que tiene València con el acceso a la vivienda, no es lógico que haya 11.000 viviendas que se usen para hacer negocio. El turismo no puede ir por delante del derecho a vivir en la ciudad”, ha incidido.

Prohibir la compra especulativa

Otro de los puntos que incorpora la moción es la prohibición expresa de la compra especulativa de vivienda en zonas tensionadas. El portavoz socialista ha recordado que el 70% de las compras se están realizando sin hipoteca, “lo que quiere decir que se están realizando una gran cantidad de operaciones para especular con la vivienda. Los fondos de inversión ven la posibilidad de sacar un 13% de rentabilidad con estas adquisiciones y, por eso, construir más vivienda, la fórmula mágica de la derecha no es la solución. Porque todas esas viviendas se irán al mercado especulativo”.

Por ello, los socialistas exigen al Ayuntamiento que inste al resto de administraciones a prohibir la compra que no tenga que ver con la residencia. Es decir, prohibir que las personas que no vayan a residir puedan comprar. “Es la única posibilidad de que las familias puedan quedarse a vivir en València porque una familia no puede competir con un gran fondo de inversión a la hora de comprar una vivienda. Es una situación insostenible para cualquier ayuntamiento y cualquier alcalde razonable debería impedirlo”.

Finalmente, ha subrayado la necesidad de que la Vivienda de Protección Pública no pueda privatizarse, una opción que ha vuelto a autorizar el gobierno de Mazón sin que Catalá haya puesto ningún reparo. “Es imprescindible que la vivienda de protección pública no pueda entrar en el mercado especulativo y, por eso, es necesario que tenga la calificación de protección pública para siempre”, ha finalizado.