Continúa la ofensiva judicial contra el movimiento feminista de València

La Justicia ha sentado de nuevo en el banquillo a las piqueteras de la huelga feminista del 8 de marzo de 2018. Hoy lunes 20 de diciembre, la Ciudad de la Justicia de València ha acogido dos juicios más contra feministas multadas por participar en los actos de la jornada de huelga. Son el quinto y sexto juicios al que se enfrentan las feministas derivado de las multas impuestas por la Policía Nacional durante las movilizaciones del 8-M de 2018 y 2019. Forman parte de un largo proceso judicial que empezó en 2020 con otros tres juicios y que se reinició el pasado 17 de noviembre con otro juicio. En los próximos meses, las feministas valencianas tendrán que hacer frente a cinco juicios más.

De nuevo, la Assemblea Feminista de València ha convocado a las 12 h una concentración a las puertas de la Ciudad de la Justicia para acompañar a las encausadas y esperarlas hasta su salida del edificio. Desde la Assemblea entienden que “las multas no son individuales, sino que se han impuesto en todo el colectivo feminista por salir a ejercer nuestro derecho de huelga” en palabras de Mireia Biosca, una de sus portavoces.

Al finalizar los juicios, la abogada de las feministas, Maria Josep Martínez, ha insistido en que en los expedientes policiales correspondientes a los dos juicios de hoy no hay prueba de cargo suficiente que sustente las sanciones, “sobre todo porque los dos informes son idénticos, pero están suscritos por diferentes policías. Es evidente que ese informe no lo han podido redactar quienes lo han firmado porque nadie se expresaría exactamente igual”. La defensa ha puesto énfasis en este hecho, así como en la carencia de elementos probatorios que evidencien una alteración de la seguridad ciudadana, además de señalar la preinscripción de la sanción: “Han transcurrido más de dos años desde que finalizó el plazo que tenía la administración para resolver el recurso de alzada y el momento en que se ha dictado este” ha explicado Martínez.

Nueva condena a las piqueteras

El movimiento feminista de València recibió veinte multas entre 2018 y 2019, once impuestas el 8-M de 2018, ocho el 8-M de 2019, y una más por los actos del 25N de 2019. De los tres juicios celebrados el año pasado, tan solo el primero tuvo una resolución favorable a las activistas, con una sentencia que reconocía la “parcialidad” del atestado policial. 

La sentencia del cuarto juicio, celebrado el pasado 17 de noviembre, también ha condenado a las feministas a pagar la multa. Según Maria Josep Martínez, de Alerta Solidaria, abogada de las feministas, “la sentencia es injusta, vulnera el derecho a la presunción de inocencia y hace una aplicación de la infracción excesivamente automática”. En palabras de la abogada, la sentencia no solo ignora una de las testificales, sino que impone la carga de la prueba a la sancionada, puesto que señala que “se podría haber pedido la declaración del maquinista”. “Esta valoración a nuestro parecer evidencia la existencia de elementos probatorios disponibles, que tendrían que haber sido aportados al expediente administrativo por la misma administración, que encima es quien tendría la facilidad probatoria. La regulación del principio de veracidad exige expresamente la aportación de todos los elementos probatorios disponibles. En este caso, la falta de aquella prueba no se puede exigir a la sancionada, pero es lo que hace la sentencia y vulnera así el derecho a la presunción de inocencia. Tampoco la sentencia señala cuál fue la afectación a la seguridad ciudadana, que sería uno de los elementos de la infracción” explica Martínez. “Por eso, a pesar de que no cabría recurso ordinario, estamos estudiando la posibilidad de presentar un recurso contra esta sentencia, porque se vulneran derechos fundamentales” afirma la abogada.

Desde la recepción de las multas, impuestas bajo el amparo de la ley mordaza, las feministas han denunciado los intentos por parte del Estado de oprimir el movimiento feminista mediante el desgaste y lo asfixia económica: en total, las sanciones propuestas ascienden hasta los 11.000 euros, de los cuales ya han pagado 7.000.