Consol Castillo: "València ha dejado atrás la política de la caridad del anterior gobierno del PP"
La concejala de Servicios Sociales, Consol Castillo, ha asegurado esta mañana que "València ha dejado atrás la política de la caridad del anterior gobierno del PP que se centraba en derivar a las personas en situación de emergencia social a una entidad externa a la administración municipal como el Banco de Alimentos, eludiendo así cualquier responsabilidad en materia social. Ahora, el Ayuntamiento apuesta por una línea de intervención que satisface las necesidades básicas de la ciudadanía y les mejora las condiciones de calidad de vida".
Castillo ha explicado que el gobierno actual ha duplicado el presupuesto destinado a las prestaciones económicas individualizadas pasando de los 2,5 millones del anterior gobierno a los 5,22 millones de euros de la actualidad. De forma que se ha más que duplicado el presupuesto destinado a las ayudas sociales de emergencia.
Castillo ha dicho que "es muy sorprendente que la señora que fue consellera de Bienestar Social con el PP se dedique únicamente a visitar una entidad, el Banco de Alimentos. Tendría que hacer un ejercicio de conciencia sobre qué políticas de bienestar social hizo para haber generado que una tercera parte de la ciudad de València estuviera en una situación de riesgo de exclusión cuando llegamos al Ayuntamiento".
Para hacer frente a esta situación, Castillo ha dicho que, además de haber incrementado la inversión, ya está en información pública la primera Ordenanza reguladora de las Prestaciones económicas con medidas innovadoras. Estas ayudas se transforman en un derecho subjetivo, incardinadas en un proceso de intervención social para buscar el empoderamiento de las personas así como su corresponsabilidad mediante el pacto con la persona beneficiaria de un compromiso de actuaciones personalizadas que mejorarán su situación socioeconómica además de la obtención de la ayuda.
Castillo ha visibilizado que, frente al modelo del Partido Popular de derivar a las personas a hacer cola en el banco de alimentos, el gobierno a día de hoy gestiona ayudas de emergencia de acceso o mantenimiento de la vivienda habitual y de los gastos derivados de la misma (deudas de alquiler, entrada en vivienda, gastos de comunidad, alojamientos temporales, alojamientos alternativos, instalaciones, reparaciones y adaptación de la vivienda habitual para proporcionar niveles mínimos de habitabilidad).
También se gestionan ayudas para la adquisición de mobiliario básico y equipamiento de primera necesidad para la vivienda habitual, tratamiento de desinsectación y desratización. Por otra parte hay ayudas a gastos excepcionales como prótesis oculares, necesidad odontológica, necesidad podológica, gastos farmacéuticos, vestido y calzado, equipamiento de cuidado de bebés, tasas para la tramitación de documentación, productos ortoprotésicos, tratamientos psicoterapéuticos para menores gravemente afectados por situaciones de violencia, estrés, conflictos familiares; necesidades de integración social y necesidades de integración educativa.
Por otra parte, Castillo ha recordado que desde los servicios sociales también se está atendiendo la manutención y alimentación en centros escolares de los niños y niñas, se están cubriendo los gastos para desplazamientos a centros sanitarios para tratamientos médicos, para la realización de acciones de formación o inserción laboral de personas en paro o desplazamientos en situaciones excepcionales. De igual forma se cubren los gastos para suministros básicos energéticos (luz, agua, gas). Destacan también las ayudas para evitar los desahucios.
Finalmente, Castillo ha dicho que "no dejamos de lado a nuestros mayores, y por eso también gestionamos ayudas técnicas como la adaptación del hogar y la adquisición de útiles necesarios para el desarrollo en la vida ordinaria". También podemos encontrar ayudas la adaptación de vehículos a motor que comprende aquellas medidas destinadas a facilitar los desplazamientos de manera autónoma.
Por todo esto, Castillo ha advertido del peligro que supondría perder todos estos avances sociales y volver a una mera atención asistencialista que, además, no gestionaría el Ayuntamiento.
