Compromís pide a Catalá aprobar una moratoria para los pisos turísticos durante 12 meses
El objetivo es crear una ordenanza municipal que regule este tipo de alojamientos turísticos en la ciudad
Compromís ha pedido a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, la aprobación de una moratoria de un año para conceder nuevas licencias para apartamentos turísticos en la ciudad de Valencia. El objetivo es crear una comisión no permanente entre todos los partidos políticos que conforman la corporación municipal para dar forma a una nueva ordenanza municipal que regule esta cuestión.
La portavoz del grupo municipal, Papi Robles, ha destacado que la ciudad “está viviendo diversos problemas llegada masiva de turismo”, especialmente en algunos barrios, no solo en el centro sino también en el Grau, Benimaclet o Plaza de Honduras, donde “se están haciendo pisos turísticos en bajos que deberían ser comerciales”.
La edil ha insistido en que el turismo es uno de los grandes motores económicos de la ciudad “pero necesita una regulación”, puesto que “está generando problemas de convivencia en los barrios”. Ante esto, Robles ha señalado que “requiere de una respuesta responsable por parte de todos los grupos políticos”.
En este sentido, Papi Robles ha remarcado la necesidad de “identificar los apartamentos turísticos ilegales” y ha emplazado a la alcaldesa “que se ponga ya a trabajar con los problemas que están afectando la ciudad”.
Por su parte, el concejal de Compromís, Ferran Puchades, ha adelantado que la creación de esta comisión no permanente tendría como objetivo “evaluar la situación de los apartamentos y ver cuál es su solución para el futuro”.
Puchades ha incidido en que esta “es una problemática que afecta día a día a la convivencia de nuestros barrios y del centro de la ciudad”, y por tanto, ha solicitado la aplicación de “una moratoria de 12 meses en la licencia de nuevos apartamentos”.
El edil de Compromís ha recordado que en 2021 había 9.400 viviendas turísticas en la ciudad, y ha remarcado que “queremos impulsar la declaración como zona tensionada en toda la ciudad para regular los precios del alquiler” además de impulsar “la creación de un parque publico de vivienda”.
