Compromís defenderá en las instituciones la liberación de patentes de las vacunas para “superar la pandemia con una vacunación mundial”

“Liberamos patentes, compartimos conocimientos” es el lema que engloba todas las acciones que Compromís está impulsando en las instituciones para exigir la liberación de las patentes y garantizar la vacunación mundial, lo que requiere un cambio de posicionamiento por parte del gobierno central ante la petición registrada en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Pere Fuset ha explicado que la formación valencianista ha presentado una moción que se debatirá en el Pleno de abril con el objetivo de “sustituir la competición por la cooperación y favorecer la vacunación mundial”, puesto que “no estaremos todas y todos protegidos hasta que todo el mundo esté vacunado”.

Fuset ha concretado que la iniciativa tiene que servir para “reclamar al gobierno central que deje de bloquear la petición de liberación de patentes ante la OMC” y para que “nos sumemos a voces de muchos Estados, premios Nobel o la misma OMS para dejar de estar a la cola de la lista de quienes bloquean esta iniciativa tan necesaria”. De hecho, ha puesto como ejemplo Ciudad del Vaticano, que secunda la petición de liberación y que ha pasado por la izquierda al gobierno de Sánchez”.

Fuset también ha puesto en valor que la industria farmacéutica ha contado con más de 25.000 millones de euros de los diferentes gobiernos para encontrar las vacunas. “Afortunadamente las tenemos y ahora hay que compartir conocimientos temporalmente hasta que la pandemia se supere y así salvaremos vidas y también economías”, ha destacado a la vez que ha reflexionado sobre que “será más fácil y productivo llegar a acuerdos con las farmacéuticas que no hacerlo y alargar la pandemia con lo que esto supondría”. Ahora bien, “los intereses de cinco, seis o siete empresas no pueden estar por encima de los de toda la población mundial”, ha sentenciado.

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de València, Maria Josep Amigó, ha explicado que la moción presentada en València se remitirá a todos los ayuntamientos valencianos para que se puedan sumar al debate y la aprobación, “que esperamos que sea unánime o por mayorías importantes por la importancia de la medida que planteamos”.

Entre las propuestas de acuerdo ha destacado la necesidad de cooperación entre los Estados y que se eliminen los obstáculos que impidan garantizar que las vacunas se desarrollen y fabriquen en cantidad suficiente y distribuyan a tiempo y de manera inclusiva en todo el mundo. También “se insta al gobierno español y a la Comisión Europea para que los derechos de la propiedad intelectual no impidan en ningún país proteger la salud de su ciudadanía”. Además, se insta a Estados, empresas y organismos internacionales a “elaborar y aplicar políticas para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad de los productos sanitarios contra la COVID-19 para todas las personas”. También se anima al gobierno español a colaborar con los mecanismos establecidos por la OMS para compartir conocimiento tecnológico y recursos contra la pandemia y se apoya a las ONG que están concienciando a la sociedad sobre todos estos objetivos.

Por otro lado, el síndic de Compromís en les Corts, Fran Ferri, ha resaltado que la formación valencianista y el gobierno del Botànic se suman a la iniciativa de muchas entidades de todo el mundo y ha recordado que desde el Grupo Parlamentario de Compromís se plantearon al Consell tres medidas sobre restricciones, ayudas a personas y empresas afectadas y la vacunación, donde se incluía la liberación de patentes. En febrero –ha explicado- el Consell ya dio un paso adelante en esa línea y se aprobó una declaración institucional para liberar patentes y democratizar el acceso a las vacunas. Sin embargo también se instaba al gobierno central a sumarse a esta iniciativa pero en la OMC y en la Unión Europea ha votado en contra. “Es clave que el gobierno de España, formado por PSOE y Podemos, y autodenominado el gobierno más progresista de la historia, rectifique”. En este sentido ha explicado que ya se ha pedido “toda la documentación al gobierno español en que se ha basado para hacer esa votación en contra” y ha insistido en la mejora de la situación sanitaria y económica mundial que supondría esa liberación. “Queremos que el gobierno de España cambie de opinión y haga cambiar de opinión a la UE y deje de liderar el equipo de la vergüenza para pasar a liderar el que también forman premios Nobel, Estados y entidades de todo el mundo”, ha añadido.

Los tres representantes de Compromís han apostado por redoblar esfuerzos con iniciativas como esta a las que entidades como Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras o Médicos del Mundo están apoyando.

LA MOCIÓN AL PLENO EN VALÈNCIA

Un año después del inicio de la pandemia de la COVID-19, podemos decir que esta ha provocado una crisis mundial sin precedentes, que se ha cobrado la vida de más de 2,5 millones de personas y ha supuesto el colapso de los sistemas sanitarios y de la economía a gran escala. Una crisis sanitaria, económica y social que ha agravado desigualdades y ha afectado desproporcionadamente a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. Actualmente, se han administrado ya más de 300 millones de vacunas contra la COVID-19. Sin embargo; solo 10 estados concentran el 80% de las dosis administradas y en más de 100 países no se ha puesto ni una sola vacuna.

Estados, empresas farmacéuticas, organizaciones intergubernamentales e institutos de investigación de todo el mundo han hecho un esfuerzo histórico sin precedentes en investigación y desarrollo, esfuerzo para los cuales han sido decisivos los más de 10.000 millones de euros de financiación pública, para desarrollar productos médicos que puedan prevenir, diagnosticar y tratar la COVID-19, dando lugar desde la cooperación pública y privada a una carrera sin precedentes y un esfuerzo titánico para producir vacunas en un tiempo récord. Un paso imprescindible para divisar el principio del fin de la pandemia.

Tenemos por fin vacunas pero no se ha encontrado la fórmula -o no se ha querido hacerlo- para superar el cuello de botella que plantea una gigantesca producción que responda a una descomunal escala global. Desde enero, asistimos a un contexto de profunda tensión entre la capacidad de fabricación de vacunas, y la demanda y urgencia de estas a nivel mundial. Dentro de la propia Unión Europea, las noticias sobre tensiones con varias farmacéuticas por distorsiones en el calendario de entregas previstas son una buena prueba. En otros muchos lugares, sencillamente, la vacuna no ha llegado.

Se plantean, por lo tanto, extraordinarios retos en materia de salud pública y derechos humanos, especialmente respecto a la producción de las vacunas, su distribución, para quién y a qué precio. Unos retos de salud pública que por razones obvias tienen efectos más que evidentes también en la esfera económica y social de todo el planeta.

En mayo de 2020, la Asamblea Mundial de la Salud, máximo órgano decisorio de la Organización Mundial de la Salud, reconoció “la función de la inmunización extensiva contra la COVID-19 como bien de salud pública mundial”. El secretario general de ONU añadió que tenía que ser accesible para todas las personas.

La producción de vacunas, como la de tantos bienes, está regida por los acuerdos de Propiedad Intelectual (ADPIC) y se ve, por lo tanto, condicionada por el sistema de patentes actual. La empresa que ostenta la patente tiene el régimen de monopolio de la vacuna y otras compañías solo pueden producirla si llegan a acuerdos con esta. Fábricas con capacidad de producción de millones de dosis esperan respuesta de las compañías que poseen la patente mientras millones de personas esperan. Una espera que como ya hemos explicado tiene notables efectos sobre la salud pública mundial y también sobre la economía global, y de manera muy especial sobre la población en situaciones de vulnerabilidad.

Nos enfrentamos así al enorme riesgo de una vacunación mundial a diferentes velocidades en función de la renta, donde mientras algunos se aseguran unas reservas superiores incluso a su población otros muchos tienen serias dificultades para acceder a las mismas. Un hecho que genera graves desigualdades y que puede alargar mucho la crisis sanitaria, económica y social derivada de la pandemia. Una situación que, como la propia OMS ha reiterado , solo podremos superar si lo hacemos todas y todos, sin dejar ninguna población atrás, para poder controlar de manera efectiva la propagación mundial del virus.

Por todo lo expuesto, se proponen las siguientes propuestas de acuerdo:

• Subrayamos la importancia de que todos los Estados cooperen a escala mundial y se eliminen los posibles obstáculos que impidan garantizar que las vacunas se desarrollan y fabrican en cantidad suficiente y distribuyen a tiempo y de manera inclusiva en todo el mundo.
• Instamos al Gobierno español y a la Comisión Europea a asegurar que los derechos de propiedad intelectual no impiden a ningún país garantizar el derecho a la salud de su población. Es fundamental que no se obstaculice la exención de ciertas disposiciones del acuerdo ADPIC para la prevención, contención y tratamiento del COVID-19 que permitiría a todos los países miembros de la OMC optar por situaciones de excepcionalidad, liberación y/o mayores flexibilidades en cuanto a las patentes y otras medidas de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías de COVID-19 mientras dure la pandemia, hasta que se consiga la inmunidad de grupo mundial.
• Hacemos un llamamiento a que Estados, empresas y organismos internacionales elaboren y apliquen políticas para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad de los productos sanitarios contra la COVID-19 para todas las personas, garantizando su gratuidad y sin discriminación de ningún tipo. Tienen que hacerlo fomentando la cooperación internacional y eliminando los obstáculos a la disponibilidad y asequibilidad en todos los países.
• Animamos al Gobierno de España a colaborar con los mecanismos establecidos por la OMS para compartir conocimiento tecnológico y recursos COVID-19, como por ejemplo: el Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP), donde las empresas y los Estados pueden compartir tecnología, datos y patentes sobre sus innovaciones. Y el mecanismo COVAX, donde los Estados, más allá de la donación de fondos, tienen que garantizar que al menos el personal de salud y las personas más vulnerables de todos los países tienen acceso a la vacuna.
• Mostrar el apoyo de la corporación a las organizaciones no gubernamentales que están trabajando en varias campañas de concienciación social sobre estos objetivos.