La complicidad del Rialto se ve salpicada por el fraude de la EMT
PSPV niega cualquier tipo de crisis en el gobierno municipal, pero toman posiciones separadas respecto a Compromís en la comisión de investigación
Desde que hace una semana se destapara un posible fraude de 4 millones de euros en la EMT, los pasillos del Ayuntamiento de Valencia han sido testigo de cómo la complicidad entre los socios del Rialto se ve salpicada al mantener posturas contrapuestas en la manera de afrontar este asunto.
Se veía venir, pero no fue hasta la primera sesión de la comisión de investigación celebrada el miércoles por la tarde cuando se hizo patente. “Una crisis en el gobierno local sin precedentes”, así lo describía el vicealcalde segundo, Sergi Campillo, a su salida de dicha comisión. Visiblemente decepcionado por la actitud de sus socios de gobierno a quienes acusa de seguir “intereses partidistas (…) para humillar a un concejal de Compromís y vetarlo sistemáticamente en determinadas comparecencias de la comisión”.
Unas palabras que tenían, y tienen, una justificación: el apoyo del PSPV para que Grezzi no este presente en la comisión de investigación del fraude producido en la empresa, de la que cabe recordar es responsable como parte de sus responsabilidades en el área de Movilidad.
La posición tomada por los socialistas les sitúa junto al Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y les aleja de su socio de gobierno con el que afrontan la segunda legislatura unidos. “Es algo que no había ocurrido hasta ahora desde junio de 2015” recuerda Campillo en declaraciones a los medios de comunicación.
Unas declaraciones no han tenido su correspondiente respuesta desde el PSPV, desde donde niegan cualquier tipo de crisis: “No existe una crisis de gobierno, sino una crisis en la EMT que tenemos que solucionar juntos” Así han pedido a través de un comunicado, prudencia y han explicado que cualquier diferencia se enmarca en la comisión de investigación sobre la gestión de la crisis ocurrida en el seno de la empresa de transporte.
En referencia a su postura respecto a Grezzi, los socialistas consideran que es de “sentido común” y que el único objetivo final que tiene esta comisión es “esclarecer los hechos y estar a la altura de la exigencia que como partidos políticos debemos tener en la gestión de los recursos públicos”.
Además, a través de ese mismo comunicado, hacen un llamamiento a la “responsabilidad y la prudencia” recalcando que “existe una crisis en la EMT, pero no una crisis de gobierno” restándole así importancia a las declaraciones del número dos de Compromís.
Pleno extraordinario
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado esta mañana establecer un protocolo de obligado cumplimiento para los Organismos Municipales sobre metodologías y responsabilidades de autorización de gastos, ordenación de pagos, firmas mancomunadas, arqueos de caja y conciliaciones bancarias, que deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno Local. La Corporación se ha reunido en sesión extraordinaria para tratar sobre el fraude sufrido por la Empresa Municipal de Transportes, EMT.
El acuerdo final del Plenario ha sido respaldado únicamente por el equipo de Gobierno, mientras que los grupos de la oposición se han abstenido en la votación. El texto aprobado señala expresamente el compromiso del Gobierno Municipal de «asumir las conclusiones a las que llegue la Comisión de Trabajo para la investigación del fraude de la EMT, que se ha creado en la empresa, independientemente de las conclusiones a las que lleguen las investigaciones de la Policía Nacional y el juzgado». Asimismo, se subraya la asunción también por el Gobierno Local de cualquier medida que se proponga para mejorar los sistemas de control financiero y de pagos.
Además, la Corporación ha aprobado la realización de una auditoría de seguridad sobre los sistemas informáticos y sus posibles vulnerabilidades. Según el texto del compromiso plenario, «se establecerán planes sobre la responsabilidad penal de las diferentes empresas y organismos mediante la implantación de programas de prevención de riesgos (compliance penal), que serán obligatorios para todas las empresas, organismos y fundaciones municipales.