El Ayuntamiento amplía el convenio de multas con la Generalitat
El alcalde de València, Joan Ribó, ha firmado hoy una adenda de modificación del Protocolo de desarrollo del Convenio de colaboración entre el consistorio y el Instituto Valenciano de Administración Tributaria, dependiente de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, en materia de embargos por sanciones de multas de tráfico y ORA a realizar fuera del término municipal de València. Así, se acuerda extender este sistema de cobro a los tributos municipales, sanciones y otros ingresos, al tiempo que el convenio se prorroga un año más, hasta el 9 de junio de 2019.
El desarrollo del convenio ha sido muy satisfactorio para las administraciones, ya que con este sistema se acaba con situaciones de impunidad derivadas, ya que el ayuntamiento no tenía competencias para actuar sobre infractores cuando dichas actuaciones tenían que realizarse fuera del término municipal de València. Ahora, siguiendo un principio de equidad, se garantiza la igualdad de la ciudadanía, independientemente de su lugar de residencia en el ámbito de la Comunitat Valenciana, y se refuerza la seguridad vial. Además, ahora, dicho convenio se complementa con la recaudación de tributos municipales, así como sanciones graves y muy graves, en muchas ocasiones referidas a incumplimientos por parte de locales de ocio.
Hasta el 1 de junio, el IVAT ha desarrollado actuaciones que representan un total estimado cercano a los 3'7 millones euros, referidos a 18.126 procedimientos de embargo por infracciones no abonadas. Con la firma de esta colaboración, la Generalitat, a través del IVAT, puede pedir información a entidades financieras y autorizar solicitudes de embargo para reclamar el pago de multas interpuestas por el Ayuntamiento de Valencia, así como otros ingresos de naturaleza pública, tributarios y no tributarios, cuando éstos deban realizarse fuera del término municipal de València y en el ámbito territorial de la Comunitat. Además, el instituto también tiene la capacidad de levantar embargos y resolver los recursos interpuestos contra sus actuaciones.
Este convenio tiene un año de vigencia desde su firma y se puede prorrogar anualmente hasta un límite de cuatro. El acuerdo ofrece también al instituto la capacidad para introducir medidas que agilicen y hagan más eficaz la gestión de los procedimientos sancionadores.
