Una propuesta radical para ciudades de 1.000, 10.000, 100.000 habitantes

Vivimos tiempos de una gravísima crisis, cuya profundidad ya supera a la más famosa y estudiada de todas las crisis: la del 29. En aquel año de fuertes convulsiones el paro llegó hasta el 25%. Nosotros ya superamos aquella cifra y el fondo no se vislumbra. Como entonces, hay desesperados que se suicidan. No quiebran los bancos como ocurrió entonces pero el coste de mantenerlos está superando al problema de haberlos dejado hundirse.

Los momentos difíciles lo son para tomar decisiones difíciles. Todo debiera ser revisable. También una estructura de partidos dual que se implantó en la España de la transición diseñada con el apoyo de liberales y socialdemócratas alemanes que está resultando ser un corsé demasiado estrecho para la participación ciudadana y para la resolución de los problemas sobre todo en las administraciones locales donde las marcas PP-PSOE dividen y enfrentan a los ciudadanos.

Las decisiones valientes debieran pasar -en mi opinión- por abolir Senado y Diputaciones que han pasado a ser entidades inútiles convertidas en balnearios para el reposo de elefantes. Allí van a politiquear alcaldes, senadores y amigos del partido que se han caído de las listas, para ganarse unos suculentos honorarios que la España de la crisis no puede pagar.

Sobran también demasiadas Comunidades Autónomas artificiales. ¿Hay realmente conciencia autonómica en el Madrid que dispone para su gobernanza de un Alcalde y un Presidente de Comunidad con un himno y una bandera que hubo que inventar en tiempos de Joaquín Leguina? ¿Hay realmente voluntad autonómica en Valencia? ¿Para qué nos sirve esta autonomía? ¿Para impulsar un urbanismo irracional que nos ha llevado a la ruina? ¿Para legislar la obligación de poner un teléfono en los ascensores cuando todos llevamos uno en el bolsillo? ¿Para repartir las ITV entre sus amigos y que paguemos las revisiones de coches más caras de España? ¿Qué nos aporta este gobierno valenciano? ¿Hay verdadero arraigo autonómico en territorios que nos sean el vasco o el catalán?

Miremos ahora más abajo y detengámonos en las ciudades de 1.000, 10.000 ó 100.000 habitantes. ¿Necesitan esos municipios una dualidad partidista en donde uno diga que va a construir un parking en el centro de la ciudad y el otro se oponga y cuando los cambias de sitio el que decía que no dice ahora que sí y el que decía que sí dice que no?

¿Qué pide el ciudadano de cualquier población? Pide que funcionen el alcantarillado, el servicio de agua potable, la recogida de basuras,… Pide que se administre bien su dinero, que se cobren tasas justas, que los costes de los servicios sean los más bajos posibles,… Pide que haya transparencia en la gestión municipal y que se expliquen y consensuen con la población las decisiones que haya que tomar.

¿Entonces? Entonces sobra el politiqueo barato, ya que las decisiones políticas de calado son competencia del Congreso. Allí es donde debe aprobarse o no el impuesto de transmisiones, la subida/bajada del IVA, el matrimonio homosexual, la ayuda a la Iglesia, la reforma educativa…

Si aceptamos esos postulados, las ciudades de 1.000,10.000, 100.000 habitantes bien podríam ser gobernada por un Alcalde-Gerente o Administrador Ejecutivo o como se le quiera llamar, elegido democráticamente. Debería ser una persona con preparación y capacidad de organización y liderazgo, sin que tenga nada que ver que milite en el PSOE, PP, Izquierda Unida o el Partido Republicano de la Realeza.

Ese máximo responsable, para desempañar su trabajo se apoyaría en un equipo de cualificados profesionales y técnicos encargados de negociar con proveedores, motivar al personal, planificar tareas, hacer seguimiento de las obras, relacionarse que los estamentos superiores, etc. etc. Un equipo de colaboradores capaz controlar todo y un Alcalde-Gerente, elegido con el voto mayoritario de los ciudadanos con poder para dotarse de un equipo de gestión eficaz.

El Alcalde-Gerente expondría pública y periódicamente lo realizado y las iniciativas futuras en sesiones abiertas a la ciudadanía en donde sí se permitirían preguntas y los “plenos” se transmitirían también por TV. Sus asesores, elegidos por él, serían voluntarios sin sueldo.

¿El control? El control del máximo responsable y de sus colaboradores lo realizarían directamente asociaciones, partidos políticos y ciudadanos de a pié que podrían acceder a la documentación y a las cuentas públicas municipales con total libertad.

A partir de ahí todo el debate ideológico que se quiera y toda la crítica que se quiera hacer al gobernante a quien la ciudadanía controlaría en su gestión con mucha más democracia, ya que se facilitaría poder revocar/ratificar su mandato simplemente legislando realizar nuevas elecciones con la firma de un determinado número de votantes.

De un plumazo, con reglas verdaderamente participativas, se acabarían los cotos cerrados en que se han convertido las listas electorales, los debates inútiles, la falta de transparencia, la falta de participación ciudadana, la lejanía de administrados, la adhesión partidista, los empujones para estar en las listas, la sospecha, el invernar en un sillón durante cuatro años,…No están en eso, sencillamente porque éso no les interesa a los trepas de partidos, mientras nos dejan enfrentados a todos con discusiones partidistas estériles.

¿Cuándo el hombre de barba blanca y cabello negro tomará decisiones valientes y de calado en la buena dirección? ¿Nos resignamos a estar como estamos otros 20 años más? No son tiempos de paños calientes. Hay que estar abierto a todo lo que no sea seguir por donde vamos o a que un dictador nos ponga a todos en fila india.

UN SACO DE CARBÓN
Me dicen que la Generalitat se ha propuesto ordenar y restaurar la documentación amontonada, en creciente deterioro, del ilustre Cardenal y que el cura se ha negado a entregarla. Pido a los Reyes Magos un saco de carbón para el cura.