Notarios y notarías

Los notarios son federatarios públicos que han obtenido su plaza tras unas oposiciones que por lo general solo superan, salvo alguna que otra excepción, hijos y allegados del propio colectivo.

Los notarios se dedican a dar fe de un acuerdo entre dos partes a través de un documento llamado escritura en el que estampan su firma. La sabiduría popular siempre ha dicho que los notarios no dan fe, sino que la venden.

Los notarios son personas serias y de principios que procuran mantener impolutos; por eso, es habitual que, cuando ante ellos se efectúa una de las múltiples transacciones en las que el comprador paga un montón de billetes en dinero negro, ellos, que representan al Estado, se ausenten discretamente para no ser testigos de lo que acontece en sus despachos.

Las escrituras, antaño, las hacían manualmente, y el notario, de su puño y letra, redactaba el acuerdo de las partes. Luego vino la máquina de escribir y luego la informática que les ha facilitado hacer escrituras como churros. Aprovechando las nuevas tecnologías, de aquellos tiempos en los que se tenían que redactar y leer cada escritura con pelos y señales, se pasó a leerlas de forma resumida, para acabar con una pregunta a las partes: “¿Están de acuerdo? ¡Pues a firmar!”. Con este sistema, algunos notarios han logrado firmar una enorme cantidad de escrituras en una sola jornada de trabajo.

Con su poder de dar fe de los acuerdos privados, estos altos funcionarios han ganado tantísimo dinero en la época de vacas gordas que les ha permitido darse caprichos tan de sibaritas como cazar osos en Rumania, rebecos en Ucrania o elefantes en Botsuana, en la línea de los amigos de Aznar como el Sr. Blesa. De fiestas muy sonadas de algún ilustre notario de Castellón, saben mucho los directores de banco de esa ciudad.

De que los notarios no se hagan la competencia entre ellos se ocupa su asociación profesional y el Estado. Cuando el gobierno incorporó a los Corredores de Comercio, la competencia entre ellos fue fugaz. Cuando el gobierno quiso que ocuparan oficinas separadas, ellos siguieron a lo suyo. Solo la denuncia de algún abogado enfadado, ha logrado separarlas. Se han separado pero colocándose una a lado de la otra, algo muy raro en el mundo de los negocios.

Con la crisis inmobiliaria, el negocio ha dejado de ser el que fue. Los que ganaron tantísimo dinero, lo han colocado a buen recaudo y han afrontado la crisis bajando el sueldo a sus empleados. También, de manera escandalosa, han ido despidiéndoles uno tras otro. (Me dicen que hay un notario en Castellón que está el solo con un oficial que cobra 450 euros al mes).

Tras años de no tener demasiadas relaciones con ese colectivo, he acudido no hace mucho tiempo, a uno de ellos con el certificado bancario de mi hipoteca cancelada, para que me extendieran (es absurdo pero la ley lo obliga) un acta de cancelación que lo único que hace es certificar lo que certifica el propio banco.

Sé que el gobierno de Zapatero legisló para reducir los aranceles de las hipotecas, fijando el coste de la necesaria acta de cancelación, en 55,05 euros. Ellos hicieron caso omiso y Rajoy salió a su rescate y en Decreto Ley 18/2012 elevó esas tarifas. Sigo sin tener claro por qué me cobran 180 euros en “honorarios, copias autorizadas, copias simples, testimonios, honorarios sin cuantía y papel”.

Dice la OCU que los recursos que desde 2009 se han presentado en la Dirección Gral. De Registros y Notarias (antes del decreto de Rajoy de 18/12) se han fallado a favor de los reclamantes pero que los notarios se han negado a aplicar esas resoluciones.

Me he dirigido al Ministerio de Justica para que me aclaren mis dudas sobre las tasas que en el momento de firmar la cancelación de mi hipoteca estaban vigentes y me han respondido con un escrito incompresible. Les he escrito de nuevo para que me aclaren puntos concretos y deben haber decidido que no están para perder el tiempo. Me han dejado solo con la respuesta de que “acusan recibo” de mi escrito.

No estaría de más que Rajoy se ocupara de esos temas y pusiera también el freno a sus colegas del Registro de la Propiedad que me han cobrado por el apunte 133,97 euros, cifra a la que llegan tras una serie de conceptos variopintos; pero ¡claro! si el Presidente se mete con ellos puede peligrar su vinculación con el Registro de Santa Pola y Rajoy gobierna para lo que gobierna.