La ley de Dependencia y derivados

Mi madre a sus 94 años está en silla de ruedas, desde que hace un año sufrió un percance. Desde entonces hay que estar pendiente de ella las 24 horas del día.

A primeros de año presenté una solicitud para optar a los beneficios de la Ley de Dependencia. En el transcurso de seis meses han pasado tres funcionarios por su casa para constatar su estado. Los tres le han hecho similares preguntas y los tres han confirmado el alto grado de invalidez que sufre.

Dado que, desde el Estado, se ha dictado una norma, por la que se obliga a las Comunidades Autónomas a resolver los expedientes en el plazo máximo de seis meses, transcurridos siete meses, me he desplazado al PROP de Vila-real para presentar una instancia reclamando la resolución del caso.

En nuestra Comunidad el gobierno de Camps achaca los retrasos (como casi todo lo malo que aquí sucede) a Zapatero y la pregunta que me surge es inmediata: ¿Por qué en otras Comunidades sí se resuelven los expedientes con celeridad y no como aquí que, según me dicen, se está tardando año y medio?

Pero dejemos la Ley de Dependencia que camine en máquina de vapor, mientras el AVE nos acerca a Madrid, porque es una ley que supone gasto y yo entiendo que unos y otros jueguen a dejar pasar el tiempo en esta época de arcas vacías, aunque sea a costa de incumplir las leyes que ellos en las Cortes aprueban.

Cuando uno se encuentra en carne propia o cercana problemas de invalidez, surgen problemas nuevos como la adaptación de la vivienda y la dificultad de sacar a la calle la silla de ruedas, debido a que los coches taponan la entrada y hacen muy complejo mover al enfermo para llevarlo cada día de paseo.

Es fácil, piensa uno: Solicito al Ayuntamiento que no deje aparcar los coches en un metro lineal delante de la puerta y problema resuelto.

¿Fácil? Nada de eso. Ahí empieza una gran odisea: Hay que acudir a Servicios Sociales. Allí te dan un impreso anotando todos los papeles que precisan y te dan cita para dentro de 15 días. Se va a la hora señalada, se entregan los papeles y ¿solucionado el problema? Nada de eso. La cita es para rellanar una “Sol.licitud per a la valoració del grau de minusvalidesa”. “¡Si ya está valorada por la ley de Dependencia y los informes médicos!” le digo a la atenta funcionaria que muy amablemente me explica: “una cosa es la valoración para la Ley de Dependencia que va a la Generalitat y otra la valoración para la Delegación Territorial de la Seguridad Social”. Es la misma administración y la misma valoración pero va a dos departamentos distintos. Además, aparte de los papeles que ya he presentado, tengo que aportar un certificado de la Seguridad Social de la pensión que cobra mi madre. Con ambos documentos he de acudir al registro del Ayuntamiento. A partir de ahí la Generalitat dictará resolución y con la resolución en la mano he de volver al Ayuntamiento, a la tercera planta, para que resuelvan favorablemente, si procede, que los vehículos no aparquen en un espacio suficiente para que pase una silla de ruedas. Total un año de trámites. ¿Un año? ¿Para conseguir sacar a mi madre de casa sin dificultad he de esperar un año? Increíble pero cierto. Así funciona nuestra administración valenciana. La culpa, sino es mía por no superar a Job en su paciencia es de Zapatero, naturalmente.

Resignado me dirijo a la Seguridad Social y, tras cuarenta minutos de espera, me encuentro con el problema de que necesitan autorización firmada por mi madre y su DNI para darme el necesario certificado sobre su pensión. Lo entiendo. Mañana será otro día y otra nueva cola.

Después de todo ésto, está claro que la Administración es un galimatías de oficinas nada conectadas entre sí, dispersas por la ciudad y ciudades limítrofes que sirve para distraer a los contribuyentes y que sólo funciona si uno se carga de paciencia y le dedica horas y horas. Es decir, gastos y tiempo, mucho tiempo… y mucha, mucha paciencia.

Como yo no acepto que algo tan necesario como poder disponer de un metro cuadrado libre de que aparquen los coches frente a la puerta y mi experiencia seguro que no es única, aprovecho el altavoz de elperiodic para pedir a quien corresponda una reforma en profundidad de la Administración para acercarla al ciudadano y resolverle problemas -que no valen dinero- con agilidad y eficacia. Como no me van a hacer mucho caso, he decidido actuar por mi cuenta y pintar de blanco un metro del bordillo y poner un cartel en la puerta de casa en donde se diga: “Zona minusválidos. Por favor, no aparcar” Los vecinos y Uds. lo entenderán.