El Imperio de la Ley como garante de la igualdad

Por Jesús Salmerón (@salmebe)

En los últimos meses asistimos perplejos al gravísimo ataque perpetrado por determinados cargos públicos al imperio de la ley. Observamos atónitos, un día sí y otro también, cómo personajes como el señor Iglesias, o bien hombres de paz como el señor Otegi, carecen de remilgo alguno a la hora de aguijonear la Constitución y los principios que recoge, afirmando que primero van las personas y luego la Ley, atreviéndose a insinuar que las leyes que se desprenden de nuestro Estado de Derecho, promulgadas por las Cortes Generales, fruto de una democracia madura y consolidada 'oprimen la libertad del pueblo español'.

A estos señores, tenemos que recordarles que es el Imperio de la ley el que garantiza que ellos puedan expresar libremente sus ideas, que el terrorista del Sr Otegi, esté en la calle cobrando la cantidad de 32.886 euros por encabezar un partido proetarra y que el Sr Iglesias sea parlamentario, hay que recordar a quienes cuestionan la legitimidad de las Instituciones y el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho, que el cumplimiento de la ley afecta a todos por igual, que la misma, no es un invento trasnochado, sino que es fruto del consenso parlamentario, de la voluntad soberana legítimamente configurada desde hace 40 años.

Para este columnista resulta necesario realizar un ejercicio de pedagogía al respecto, especialmente para con estos señores, haciendo hincapié en que el cumplimiento de la ley no es una opción, que el imperio de la ley alcanza a todos por igual, sin excepción, tanto a mi como a ustedes, que cuando la ley no impera, es la arbitrariedad, el imperio del más fuerte quien lo hace, y por ende, el abuso de poder, cuya expresión encontramos en la Europa de las dictaduras del pasado siglo, o como en nuestro caso durante el franquismo. No obstante, no podemos pensar que quedamos exentos de sufrir en la actualidad, los desmanes y desafíos antidemocráticos a nuestro Estado de Derecho y a nuestra democracia.

Prueba de ello, ha sido la forma en que se han conducido en Cataluña quienes hasta hace apenas un mes han retorcido fraudulentamente la legalidad constitucional, la democracia y el Estado de Derecho a su antojo, precisamente, la misma legalidad democrática que ha posibilitado que llegasen a instituciones como el Parlament o la Generalitat de Cataluña, de forma legítima y democrática y que han tratado de dilapidar e incitado flagrantemente a su incumplimiento. Es por ello que el imperio de la ley fruto de la expresión soberana del pueblo, es el único garante posible del abanico de derechos básicos y fundamentales del que todos los españoles somos titulares. Sin esas leyes tan pretendidamente malas y nefastas según algunos, no habría lugar al derecho a la sanidad todos los españoles, ni a la educación, o tampoco la igualdad...

En un Estado de Derecho no se elige qué leyes cumplir y cuáles no, por esa misma razón se explica la virtualidad de los cauces habilitados para realizar las modificaciones legislativas que se convengan según las necesidades y la realidad cambiante. Lo contrario, el deliberado incumplimiento del marco legal que nos brinda el Estado de Derecho, constituye una temeridad no exenta de acarrear consecuencias jurídicas.

Al respecto, recuerdo, que en la facultad había un profesor de Derecho Constitucional que repetía continuamente que 'todos, sin excepción, estamos bajo el paraguas de la ley, lo queramos o no' y que aunque no lo entendamos 'es la única manera de asegurar la igualdad de todos los españoles'. De esta expresión cabe únicamente colegir el enorme grado de acierto y razón en sus palabras, y es que la Constitución es clara cuando dice que España se constituye en un Estado Social y democrático de Derecho, por mucho que a algunos que hoy ocupan escaños, cargos públicos ejecutivos o de responsabilidad en algún partido nieguen la mayor.

La democracia se fundamenta en la supremacía y el respeto a la ley, en el derecho anglosajón hablan de 'the rule of law', esto es, el imperio de la ley, por lo que la ley, como máxima expresión de la soberanía y como garante de la igualdad debe ser respetada por todos, sin excepción.

Representa un grave insulto a quienes sí cumplimos la ley, que quienes nos representan o de algún modo pretenden hacerlo, vulneren de forma ociosa, sistemática y sectaria la observancia de la legalidad, el interés general y del principio de igualdad que inspira el ordenamiento jurídico.

Por eso mismo, quienes se han dedicado a conculcar nuestras leyes, nuestra soberanía, nuestra Constitución y nuestra democracia para separar Cataluña de España – a costa de las arcas públicas y de generar una grave fractura social-, o quienes pretenden imponer su ideología y su lengua sobre la otra, cuyo claro ejemplo es la Comunitat Valenciana, con una política educativa adoctrinadora y sectaria como la del señor Marzà, mientras se incumplen sistemáticamente los servicios que prescribe la Ley, de atención a las personas en situación de Dependencia, o bien quienes arguyen sucias y retorcidas tramas para enriquecerse ilícitamente de a costa del erario público y de los contribuyentes o quienes, en último término, utilizan la figura del aforamiento para torpedear la acción de la Justicia y evitar así la aplicación de la Ley.

Permítanme pues que les recuerde, la virtualidad del artículo 9 de la Constitución, precepto que nos obliga a todos por igual al establecer que ' los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico'.

Esto no es otra cosa que un mandato imperativo, que nos obliga a cumplir las leyes, ya que la Constitución es la norma suprema del Ordenamiento Jurídico y todos, tenemos la obligación de cumplir lo que de ella emana, lejos de ser una mera declaración programática de intenciones, nos vincula a todos, es una norma distinta al resto, una norma que en cuanto que incorpora los valores esenciales en los que se ha de basar el Ordenamiento Jurídico, y el Estado de derecho, es pues , tal y como reza la STC 31 de marzo de 1981 'La norma fundamental y fundamentadora de todo el ordenamiento jurídico'. Por esta misma razón, la norma que emerge fruto de la voluntad del pueblo soberano, vertebradora de nuestro sistema político, constituye la garantía de igualdad, protección y tutela de los derechos de todos los ciudadanos ante la misma.

Con todo esto, podemos concluir que el imperio de la Ley, debe ir intrínsecamente unido a la idea de ésta como expresión de la voluntad de popular, vertebrada a través del poder legislativo, explicándose así su legitimidad, respeto y debido cumplimiento. Por lo que quienes alzan la voz pretendiendo imponer su realidad deliberadamente, por encima de la legalidad y los cauces previstos, olvidan al resto de sus compatriotas, vulnerando inopinadamente sus derechos.