Sant Gregori: Responsabilidades
Tras la sentencia del 19/05/2023 del TSJCV, que anula el Acuerdo Transaccional de 19/02/2019, que rehabilitaba al Agente Urbanizador, revocado en el Pleno municipal de 11/03/2016, he leído y escuchado que se pueden presentar demandas millonarias que pueden suponer la ruina para Borriana. Incluso se habla de responsabilidad personal, de los concejales que votaron a favor del Acuerdo Transaccional anulado.
Las responsabilidades económicas, que puedan derivarse de la ejecución de plan urbanístico, merece tratarse con un artículo de mayor extensión, ya que se trata de un tema muy complejo. Pero adelantaré algunas notas. No es lo mismo que se trate de un instrumento de planeamiento iniciado y aprobado por la administración, y que luego gestiona directamente la ejecución, que sea la iniciativa privada quien propone y ejecuta amparada en un convenio urbanístico, como ha ocurrido en el caso de Sant Gregori. Así las cosas, dado que la relación del Ayuntamiento y el promotor deriva del Convenio Urbanístico, se trata una relación contractual, de la cual no puede surgir una responsabilidad patrimonial, como se dice. Quien quiera estudiar el tema, verá que la nulidad de los convenios urbanísticos no genera ninguna responsabilidad de la administración, porque así lo estipula la ley y es aceptado por quien firma un convenio urbanístico
La relación de los propietarios con la administración, es distinta a la del promotor. Por lo que las responsabilidades son distintas. De esa relación sí que puede nacer una responsabilidad patrimonial, si de la gestión del PAI los propietarios sufrieran daños económicos evaluables, que legalmente no tienen el deber de soportar. Pero esos daños, no incluye el lucro cesante ni las meras expectativas, por lo que en ningún caso las indemnizaciones serian millonarias. Sin estar mucho al día, imagino qué en este momento, con la finanza del promotor habría suficiente para afrontar la reclamación, por lo que al Ayuntamiento no le costaría nada.
Respecto la responsabilidad de las autoridades que hayan votado a favor de un acto o plan anulado por los tribunales contenciosos, como ha pasado ahora, no hay más que responsabilidad política. Esa responsabilidad, al ser política, no tiene ningún alcance en la persona y menos económica, como dicen algunas personas. Ello es así, porque las responsabilidades políticas se penalizan en las elecciones. Así las cosas, el equipo de Gobierno que aprobó el acuerdo anulado por el Tribunal, ya ha pagado su responsabilidad política en las elecciones celebradas tras la sentencia. No es ningún órgano administrativo el que sanciona las responsabilidades políticas, sino la ciudadanía por medio de voto. Lo que pueda ocurrir de un proceso penal, es distinto a las consecuencias de una sentencia contenciosa como la que nos ocupa.
Que ahora se plantee pedir responsabilidades personales, sin base legal alguna, me recuerda que, en agosto de 2020, se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción, denuncia contra una técnica municipal “por un delito continuado de prevaricación”. Además, en los medios de comunicación, se acusó a la funcionaria, de generar perjuicios económicos y se le amenazó, que le iban a reclamar responsabilidades económicas, para que indemnizara los supuestos perjuicios. El caso, es que una persona como yo, con un conocimiento muy elemental, del derecho penal, dije que ni siquiera sería admitida a trámite, y así fue. No es que yo sea adivino, sino que la denuncia no aportaba prueba alguna de la que se derivara responsabilidad penal alguna, se fundaba en la supuesta ilegalidad de unos informes que el TSJCV ha declarado que son conforme a derecho. ¿Sus autores y quienes les pareció bien, la denuncia, ya han pedido disculpas a la denunciada?
Desde mi punto de vista, el derecho a la discrepancia y la libertad de expresión son derechos irrenunciables de la democracia. Por eso son tan respetables las opiniones de quienes quieren que se haga la urbanización, como la de los que no quieren, o los qué si quieren, pero no creen que sea el momento. Pero las personas deben diferenciar lo que son opiniones, de lo que son acusaciones. Pues mientras todas las opiniones merecen respeto, no lo merecen las afirmaciones que de ser ciertas tendría graves consecuencias, para la ciudad, o para personas concretas, si no aportan pruebas. En política no puede valer todo, para desgastar al adversario. Quien tenga pruebas de riesgo de ruina económica para el Ayuntamiento, o sus concejales, que las aporte. Yo seré el primero en agradecérselo.
