No con dinero público
Muchas veces a la ciudadanía no nos queda demasiado claro aquello de que “lo público”, eso que es de todas y de todos, tenemos obligación de defenderlo y exigir que se gestione correctamente, seguramente por los continuos ataques que sufre, con la insana intención de denostarlo y poder privatizarlo de una manera “natural”, ya que es lo que acaba siendo demandado por muchas de las usuarias del sistema.
Tenemos un claro ejemplo en la educación, puesto que estamos acostumbradas a esa distorsión que se consolidó en nuestro país por los años 80 del pasado siglo de la mano del PSOE y la LODE, concertando escuelas privadas (o sea, empresas con dueños que buscan un beneficio económico), en su mayoría religiosas, a falta de suficientes colegios públicos dónde poder escolarizar a todo el alumnado.
Sin embargo, en vez de ir reduciéndolos progresivamente y construyendo nuevos centros públicos que dieran cabida a todos los niños y niñas, se han mantenido en el tiempo los mencionados conciertos, estableciéndose así una doble red de escuelas que, aunque no es la única en Europa, sí que es de las que tiene un mayor peso la privada, con un 28% de escuelas con este tipo de convenios en nuestro país, frente al 14% de Francia, el 4% de Portugal, el 2% de Finlandia o el 0% de Irlanda.
Entender la escuela pública y la escuela privada (concertada) como algo que tiene que ofrecer las mismas oportunidades y garantías, es bastante paradójico, ya que los intereses no son los mismos. Para las que defendemos la Educación Pública por encima de todo, por entender que es la única que puede garantizar la igualdad de oportunidades a todas las personas, sin que ninguna pueda ser discriminada por razón de sexo, religión, procedencia social, color de la piel o cualquier otra… nos produce un gran desasosiego, puesto que existen escuelas privadas, de esas sostenidas con fondos públicos, que tienen unos criterios de admisión de alumnado, subjetivos y relacionados con sus propios idearios.
Así nos encontramos con algunos de estos centros que mantienen a los chicos y a las chicas separados, por entender que esa es una buena fórmula para vaya usted a saber qué, pues desconozco que hayan criterios pedagógicos que avalen este tipo de segregación. Sin embargo, ante un recurso presentado por el PSOE contra la LOMCE, el Tribunal Constitucional (en el que algún magistrado pertenece al OPUS) acaba de sentenciar que es lícito que mantengan esta mala praxis con dinero público… para flipar…
Del mismo modo, también existen muchos de estos centros, que, a pesar de las normativas que prohíben que puedan pasar recibos “de colaboración” a las familias, esta práctica es algo relativamente habitual, disfrazada con cuotas a AMPAs (que solo están para recaudar fondos), actividades extraescolares o materiales escolares... Esta misma semana se ha conocido la historia de un padre que se ha animado a denunciar esta fórmula de financiación fraudulenta en un colegio de Sevilla, teniendo que escolarizar a su hijo en otro centro, ya que el acoso y las presiones recibidas eran insoportables, al negarse a pagar las cuotas mensuales.
Por mi parte, sigo insistiendo que la educación (así como la sanidad) debe ser pública, laica, de calidad, integradora y democrática… y lo otro, si alguien quiere ese otro tipo de escuela segregadora, que se la pague con su dinero y no con el dinero de todas y todos.
