De aquellas corrupciones estas realidades

Que una anciana de 83 años decida acabar con la vida de su hijo dependiente de 64, es muy triste. Toda una vida dedicada en exclusiva a él, puesto que su discapacidad requería atención constante. 64 años cuidando, amando y sufriendo por ese hijo. Viéndole crecer y renunciando a la propia vida, pues solo las personas que tienen que cuidar de un ser querido saben lo que es dedicación exclusiva… hasta que un día, esa madre ve cómo se agotan sus fuerzas, su salud y sus recursos, ya que las ayudas a la dependencia son las que son (700.000 personas con el derecho reconocido en lista de espera, según datos del Ministerio de Sanidad)… y toma una decisión drástica: homicidio y suicidio con un cóctel de pastillas  compartido con su hijo, para solucionar un problema sin solución. Ella sobrevivió y ahora ha tenido que enfrentarse a la justicia…

Que muchas otras personas ancianas, con pensiones de vergüenza, tengan que asumir alimentar a sus hijos y nietos por la situación sociolaboral en la que se encuentran, quitándose de comprar los medicamentos que necesitan por no poder asumir el coste de los mismos, indica a las claras, que la situación que se vive en nuestro país no es tan halagüeña como algunos nos quieren hacer creer.

Pero sin embargo, si hablamos de nuestra comunidad autónoma cada día salen nuevas evidencias del gasto fraudulento del dinero público. Ahora se abre una causa, once años después de aquello, sobre los 3,1 millones de euros (que se dice pronto) gastados en el alquiler de los 7.000 urinarios contratados para la visita del Papa, sin mencionar todos los Gürtel, Taula, Emarsa, CIEGSA, etc, etc, etc… Dinero y más dinero público que fue dilapidado graciosamente por todo nuestro elenco de políticos de medio pelo. Políticos que en ningún momento pensaron en las personas a las que representaban.

Como tampoco se piensa en la ciudadanía cuando desde el Estado se rescatan entidades privadas, también con el dinero de todas y todos. El pasado viernes se aprobó en Consejo de Ministros, rescatar ocho de las nueve autopistas de peaje que están en situación de quiebra, lo que costará a las arcas del país unos cuantos miles de millones de euros, mientras los y las usuarias deberán seguir pagando por utilizar esas autopistas… Vamos, la cuadratura del círculo para esas empresas…

Y mientras tanto, nadie mueve un dedo por rescatar a nuestras personas. A todas aquellas que están en una situación de precariedad insostenible, a todas aquellas personas con una situación de dependencia que las hace especialmente vulnerables, a todas esas otras que no tienen trabajo, ni techo, ni nada para echarse a la boca, porque no es cierto que nuestra economía esté mejorando… Según Goerlich (2017) los hogares más pobres de la Comunidad Valenciana, que en 2008 tenían una renta anual de 5.559 €, han perdido en 7 años 1.500 €, lo que se traduce en un poder adquisitivo cada vez menor y unos verdaderos, aunque en muchos casos invisibles, dramas familiares.

Así que por favor, señores políticos, devuelvan lo robado ya, rescaten menos a empresas privadas y piensen (y actúen) más, mucho más, en la ciudadanía.