Urgimos una ley de protección del informante y una agencia estatal contra la corrupción
Diciembre es un mes reivindicativo que habla de dignidad, libertad, justicia i solidaridad. El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. I hace casi dos décadas adoptó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción. Aunque un solo dia no nos sirve. Durante todo el año deberíamos estar vigilantes antes esas prácticas opacas que provocan discriminaciones, que alientan el despilfarro del dinero público y que someten a la sociedad en general a un enorme desgaste emocional, a una terrible plaga de injusticias y a una desafección generalizada de la política y de sus representantes. Esas actitudes fraudulentas y delictivas deben ser denunciadas: la sociedad civil ha de generar instrumentos para combatir esa lacra social que a nivel mundial se considera esquilma aproximadamente el 5 por ciento del Producto Interior Bruto Global. Nos corresponde decir no a la corrupción.
Los valencianos, con un nauseabundo historial de casos acaecidos en años anteriores, nos hemos dotado de mecanismos para luchar contra la corrupción. Un ejemplo de ello es el de la Agencia Valenciana Antifrau (AVAF), dependiente de Les Corts, y que fue presentada recientemente en un acto organizado por nuestra Plataforma en el palacio de la Diputación castellonense. Este organismo valenciano, del que nuestra Plataforma participa en su consejo asesor y de participación, se creó hace seis años. En ese tiempo ha conseguido logros importantes, como la tramitación de más de mil expedientes, muchos a instancias del Buzón de Denuncias alojado en su web. La AVAF mantiene en el anonimato a 27 personas que gozan del Estatuto de Protección Especial. Gracias a las gestiones de esta entidad, dirigida por Joan Antoni Llinares, se han logrado revertir importantes sumas de dinero e incautar parte del botín apropiado por esos desalmados gestores. La presentación de la Memoria de la AVAF y la descripción de su funcionamiento, por el propio Llinares, ha sido una de las muchas actividades realizadas por la Plataforma Castelló per la Jústicia y contra la Corrupció a lo largo de este año 2022.
Entre otros actos públicos de interés hemos podido contar con la presencia del juez Joaquim Bosch quien presentó en el Casino Antiguo su última obra “La patria en la cartera” donde traza el fenómeno de la corrupción en España a través de la historia, el derecho, la política, la ética o la sociología.
Otro de los invitados a los foros de debate de esta Plataforma fue el periodista Jesús Cintora, presentador de formatos televisivos de gran audiencia. Este cronista soriano abordó en Castelló aspectos poco edificantes como la corrupción del rey emérito, el abuso de los aforamientos, el malestar ciudadano con las puertas giratorias, la politización de la justicia o el funcionamiento opaco de la industria armamentística. Otro periodista, Rodrigo Terrasa, presentó su libro “La ciudad de la Euforia”. Para él, grandes acontecimientos valencianos y algunas emblemáticas obras públicas majestuosas fueron en su día el caldo de cultivo para que comenzaran a fraguarse algunos de esos notables episodios de corrupción. Entre las actividades anuales de nuestra Plataforma, que está integrada junto a otras siete entidades en el Observatori Ciutadà contra la Corrupció (OCC), también figuró la charla de la fiscal valenciana, Susana Gisbert que argumentó sobre el negacionismo y los delitos de odio.
Castelló per la Jústicia i contra la Corrupció, una organización que va ampliando paulatinamente su base social, reivindica que los organismos de control y vigilancia de la corrupción implantados en cinco autonomías se extiendan por el resto de comunidades. Además, consideramos urgente la creación de una agencia de lucha contra la corrupción de ámbito estatal, cuya creación, pensamos, lleva ya un considerable retraso. Creemos que dicha agencia no debería depender del ministerio de Justicia, como recoge el borrador legislativo, ya que eso la volvería vulnerable a la manipulación y a las directrices gubernamentales.
Nuestra Plataforma, cuyo fin es sensibilizar a la población para crear instrumentos de mayor transparencia en la administración y para generar nuevas estrategias de lucha contra la corrupción, exige también la urgente entrada en vigor de la Ley Reguladora de la Protección de los Informantes, aprobada hace dos meses en Consejo de ministros. Una norma básica para defender y evitar represalias a los ciudadanos que denuncien operaciones, subvenciones o adjudicaciones de obras y servicios susceptibles de alguna sospecha de corrupción. Esta nueva ley supondrá trasponer una directiva europea del año 2019 y que ya está en vigor en la mitad de países integrantes de la Unión Europea. Esa normativa, en caso de aprobarse, nos haría cumplir también con los compromisos exigidos por el Convenio de la ONU en esta materia vigentes desde el año 2005.
