Los ricos piden austeridad a los pobres
El Fondo Monetario Internacional (FMI) que tan poco (o nada) suele decir de la corrupción, la explotación infantil o la precariedad laboral tiene una extraña fijación contra las pensiones y los modestos salarios de los trabajadores. Y es que a pesar de que la cuantía de tales retribuciones lleven años de congelaciones y recortes, los máximos dirigentes del FMI aprovechan cualquier aparición pública para cargar contra las jubilaciones y recomendar el abandono del sistema público como requisito, casi exclusivo, para superar las cíclicas crisis del modelo económico vigente.
La alarmante pérdida de independencia y espíritu crítico por parte de la mayoría del gremio periodístico no es una tendencia exclusiva en los medios privados y públicos españoles, pero sí que nos sitúa muy por delante del resto de países de nuestro entorno. De no ser así no se entendería que se dé protagonismo y credibilidad a estas rutinarias mentiras de los portavoces del capitalismo internacional; supuestos expertos cuyos sueldos son, como mínimo, unas doce veces superiores al salario o pensión medios en España. La misma unanimidad se produce cuando la orden es silenciar las voces discrepantes o ignorar las luchas de organizaciones y colectivos desafectos al régimen.
El más reciente de estos sermones neoliberales lo ha pronunciado la responsable de la misión del FMI para España, Andrea Schaechter, que ha advertido de lo peligroso que puede ser el acuerdo para subir el 0´9% las pensiones y los sueldos de los empleados públicos de nuestro país. Al mismo tiempo ha aprovechado la receptividad de autoridades y medios para incidir en la necesidad de apoyos públicos a las empresas privadas y para reiterar la conveniencia de liberalizar el sistema de pensiones.
Salvo para autónomos y pymes no parece que la situación de la patronal sea tan delicada como la de ese tercio de familias españolas que ya están inmersas o seriamente amenazadas por la pobreza, puesto que en estas mismas fechas en que la señora Schaechter nos avisaba del riesgo de incrementar los ingresos de los trabajadores, activos o jubilados, la Bolsa española experimentaba una subida semanal del 13´52 %, el incremento más elevado de los últimos 22 años.
Tal movimiento alcista en el parqué se debe, según las opiniones recogidas en los suplementos color sepia, al anuncio de una próxima vacuna contra la covid-19 realizado por la farmacéutica Pfizer. Al parecer los inversores ven en esta vacuna una buena ocasión de negocio antes que la posibilidad de acabar con una pandemia que, como es habitual, está atacando con más letalidad a los pobres que a los ricos.
No sería justo adjudicar a los mandatarios internacionales todo el mérito de las campañas a favor de la moderación en el gasto social, ya que en la casta dirigente autóctona también tenemos figuras relevantes que no se privan de manifestar lo que piensan. Sin ir más lejos Antonio Garamendi, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresarias (CEOE) cuyo sueldo anda por encima de los 300.000 eurazos anuales ha criticado esa subida de funcionarios y pensionistas del 0´9 %. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, también se ha manifestado en contra de este aumento salarial de los empleados públicos, alegando que el IPC interanual es inferior a ese porcentaje. Además de no ir al mercado y ver cómo suben los precios Hernández de Cos parece olvidar que los funcionarios – al igual que otros muchos trabajadores - han sufrido años de congelaciones y recortes. En este caso el insulto es mucho mayor porque el sueldo adjudicado a dicho cargo (186.000 euros en 2017) sale de las arcas públicas.
Y para acabar, nada mejor que recordar algunas de las declaraciones de los empresarios modélicos de este país: Juan Roig (dueño de Mercadona) no se corta un duro y pide que pensemos más en clave de “pico y pala” y menos en la vacuna; Ignacio Goirigolzarri (presidente de Bankia) tampoco se esconde y dice que tenemos que preocuparnos tanto de la economía como de la salud. En cuanto a Amancio Ortega (n.º 1 de los ricos nacionales) no ha dudado, a pesar de su creciente fortuna, en acogerse a los ERTE y a la reducción de plantilla para “modernizar” el negocio de Inditex. Por su parte Ana Botín, la presidenta del Banco Santander que ahora presume de feminista, ha anunciado que se carga otros 4.000 empleos y aplica 1.000 traslados para así cerrar un tercio de sus sucursales bancarias.
Pese a las evidencias de que el dinero no está en las cartillas de los pensionistas, los que mandan no cesan en su empeño de precarizar y empobrecer a los ya pobres.
