El retraso del Corredor Mediterráneo tiene un alto coste para España
Si los políticos pensaran más en el interés general y el progreso de los pueblos, ciertos olvidos y retrasos en la ejecución de proyectos fundamentales no tendrían lugar. Se evitarían costes innecesarios y pérdidas considerables, el malestar social y la desconfianza respecto a nuestros representantes no crecería y el desarrollo económico y el bienestar social se verían reforzados. Un buen ejemplo de esto son los retrasos que se han venido dando en la ejecución del Corredor Mediterráneo, una infraestructura vital para la economía exportadora nacional y del Arco Mediterráneo Español.
Estamos en el ecuador de la campaña de exportación citrícola y los costes y pérdidas por el retraso en la ejecución de esta infraestructura se hacen sentir con toda intensidad. Son pérdidas que asume el país, son efectos negativos sobre los ingresos de todos los que viven y trabajan en el sector exportador y conexos, y es una creciente amenaza de estrangulamiento de nuestra economía por merma de competitividad a causa del sobrecoste de transporte y dificultad de acceso a los mercados que supone la ausencia de este medio de transporte. Baste con decir que el diferencial de coste que asume el agricultor entre camión y el ferrocarril en el transporte de fruta al mercado europeo oscila entre 5 céntimos por kilo, y más del 95% de dicha exportación se lleva a cabo por carretera. Para hacerse una idea de la magnitud sobre este sobrecoste, basta decir que sólo con la exportación de los cítricos de la Comunidad Valenciana estaríamos hablando de más de 200 millones de euros sin contar el resto de frutas, verduras, etc. Y si añadiéramos el resto de los territorios por donde transcurre el Corredor (Cataluña, Murcia, Andalucía) con la suma de ahorros que se producirían la infraestructura ya estaría completamente pagada.
Al sobrecoste de transporte que supone la carretera respecto al ferrocarril hay que añadir las interrupciones y dificultades de acceso a los mercados que originan, en el tráfico por carretera, las acciones periódicas de los agricultores franceses contra los productos españoles, las inclemencias del tiempo y algunas medidas políticas. Unos problemas que se han intensificado este año y que suponen no pocos trastornos y pérdidas para el comercio, así como serias dificultades para cumplir, en tiempo y forma, con los compromisos con nuestros clientes.
El contrapunto a estas pérdidas económicas son los beneficios que se hubieran conseguido si el Gobierno de España se hubiera guiado más por la racionalidad económica y social que por un malentendido interés político-electoral. Con la eliminación de esas pérdidas durante los años de retraso, como hemos dicho, de la ejecución del Corredor ya se hubiera financiado una parte significativa de la inversión; la posición competitiva del sector exportador español, el principal motor de la economía nacional en el presente y el futuro se habría fortalecido; la mejora en la conectividad dentro del Arco Mediterráneo, el principal espacio turístico de España, hubiera reforzado nuestra actividad turística, la más importante del país; y la conversión de los puertos del Mediterráneo, en un poderoso nodo de comunicación entre el norte de Europa y Asia hubiera empezado ya a consolidar un gran polo logístico y atraído nuevas actividades que el país va a necesitar para seguir avanzando en el futuro. En suma, nuestros gobernantes no sólo han generado pérdidas económicas de consideración, sino que están hipotecando nuestro futuro.
El mundo empresarial y la sociedad civil del Arco Mediterráneo Español han venido tomando conciencia de todos los costes, amenazas y pérdidas de oportunidades que esta actitud negligente y miope está generando. Una toma de conciencia a la que ha contribuido considerablemente la actividad de concienciación y de movilización llevada a cabo, entre otros, por la fundación Pro AVE, y a la que se han ido conectando otras organizaciones empresariales y sociales de las distintas regiones que sufren los retrasos del Corredor. Está toma de conciencia y movilización social por el Corredor Mediterráneo, con concentraciones empresariales en múltiples centros del trazado y en la propia ciudad de Madrid, pone de relieve que la necesidad de esta infraestructura ha trascendido a todos los niveles de la sociedad, y en especial a los principales actores del sistema económico: el mundo empresarial. Un gobierno y un parlamento responsables deben prestar la atención que merece un proyecto de esta trascendencia dadas las consecuencias económicas, sociales y políticas que el no hacerlo traerá consigo.
Hemos hecho notar en reiteradas ocasiones que el actual Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha mostrado mayor sensibilidad y prestado más atención al Corredor que sus antecesores. Sin embargo, no basta con la sensibilidad y la comprensión para que los proyectos se ejecuten. La acción es fundamental, y para que esta se haga real es necesario que el ministro haga valer las buenas razones y la demanda social existente para que el Consejo de Ministros y el parlamento tomen las medidas adecuadas para recuperar el tiempo perdido. El país se juega mucho con este proyecto y el ministro debe hacer la función de movilizador de la conciencia política, para que sea una realidad.
